(AP) — Los legisladores irlandeses denunciaron unánimemente al Vaticano el miércoles después que una investigación halló que la jerarquía católica socavó los esfuerzos para acusar ante la policía a los sacerdotes abusadores de menores.
El primer ministro Enda Kenny dijo que el Vaticano debe aceptar la responsabilidad de haber abolido en secreto en 1997 las políticas de protección de menores de la Iglesia irlandesa. Estas obligaban a informar a la policía de todas las sospechas de abuso sexual.
La investigación irlandesa halló que la jerarquía católica seguía ocultando pruebas a la policía en el 2008. Dijo que una carta del Vaticano a los obispos irlandeses tuvo influencia en ello.
El gobierno y la oposición aprobaron unánimemente una moción por la cual el parlamento irlandés “deplora la intervención del Vaticano”.
“Esto no es Roma. Esto es la República de Irlanda en el 2011, una república donde impera el estado de derecho”, dijo el primer ministro Enda Kenny a los legisladores.
Kenny denunció “el mal funcionamiento, la desconexión, el elitismo — y el narcisismo — que domina hoy en día la cultura del Vaticano”.
Agregó que la conducción eclesiástica ha intentado proteger sus instituciones a expensas de los niños y a “estudiar y analizar” todas las acusaciones de encubrimiento eclesiástico “con ojos de abogado del derecho canónico”.
Kenny dijo que el derecho canónico no “tiene legitimidad ni cabida en los asuntos de este país”.
El canciller Eamon Gilmore convocó la semana pasada al nuncio apostólico en Irlanda, arzobispo Giuseppe Leanza, y exigió una respuesta oficial del Vaticano.
La oficina de prensa católica difundió una declaración privada del vocero del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi. Indicó que la Santa sede sigue formulando una respuesta oficial al informe.
Lombardi indicó que la carta de 1997 representa un “pasado distante” y su finalidad nunca fue minar los compromisos de la Iglesia irlandesa para denunciar los delitos, ni entonces ni ahora.
“La carta no contiene absolutamente cosa alguna que sea una invitación a ignorar las leyes del país, dijo Lombardi.
