Durante un directorio ampliado, llevado a cabo en la sede de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el presidente de Apiur, Roberto Orta, alertó ante la inminente violación del derecho de propiedad privada, pues así está plasmada en el proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que se discute en el seno del legislativo."No hay forma de recuperar la propiedad a menos que el inquilino incumpla por falta de pago o uso deshonesto. Se le está quitando al propietario la potestad de notificar la intención de acabar con el contrato de arrendamiento. El propietario debe tener algún peso, no puede ser que el inquilino decida cuando entregar la propiedad", dijo.
Orta, quien ha participado junto a los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, y de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Grullón, en las reuniones de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, dijo que esto no es solo una Ley de Arrendamientos sino también de regulación de precios y también de expropiaciones.
"Cualquier venta de propietario a inquilino tendrá precio regulado también hay una disposición transitoria que establece que todo edificio de vieja data debe ser vendido obligatoriamente en un lapso de 6 meses y si no se vende está sujeto a expropiación. También está la figura de la expropiación al ser multado tres veces un propietario por la Superintendencia de Inquilinato" acotó el miembro de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.
Ante la inminente desaparición de la oferta inmobiliaria existe el parágrafo único de la Ley que prevé un impuesto para las viviendas desocupadas. Aun se desconoce la forma de aplicación del impuesto y bajo que calculo dice Orta que las viviendas vacacionales están excluidas del texto legal "yo pienso que están excluidas pero no está claro sobre todo cuando la ley da alta discrecionalidad a funcionarios de la superintendencia"
La imposición se convierte en una de las principales características del instrumento real pues cualquier contrato de arrendamiento debe pasar por la Superintendencia que revisará tanto el canon de arrendamiento como el contrato hecho que implicaría “hasta 3 meses para poder alquilar una propiedad” además se proyecta una ganancia real anual entre -0,32% y -1,29% en base a las formulas que se han establecido en el texto legal para fijar el canon.
Al menos 5 reuniones quedan en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional antes de que el proyecto de ley llegue a la plenaria.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, hizo un llamado a la participación de cada uno de los gremios y cámaras ligadas al sector para hacer un esfuerzo y “que se entienda que hay venezolanos de un lado y del otro y que todos vivimos en el mismo territorio por lo que debe existir un equilibrio en las normas comunes”. Aseguró que las reuniones dentro de la Comisión parlamentaria son vitales para tratar de hacer las correcciones de un proyecto que “tal como está planteado acabara con los alquileres de vivienda en el país”
Este miércoles continuaría en la sede de la Comisión de Administración y Servicios de la AN la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos Inmobiliarios.
