Gobierno de Honduras militariza zona de Bajo Aguán tras el asesinato de 11 campesinos
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decretó este martes la militarización de la zona de Bajo Aguán (noreste) y desplegó unos 600 solados y policías tras los violentos enfrentamientos que se han producido en la zona por el acceso a la tierra cultivable dejando un saldo de 11 personas muertas en los últimos meses.
Los incidentes la zona comenzaron este domingo cuando unos 200 campesinos arrendatarios, trataron de ocupar el establecimiento rural Paso Aguán lo que dejó seis personas muertas y 14 heridas.
Según informó el subjefe de policía, Roberto Benítez, recientemente se había suspendido un acuerdo de entendimiento que suscribieron el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y el terrateniente Miguel Facussé para solucionar este conflicto por la tenencia de tierras en la zona, lo que podría haber desencadenado los enfrentamientos.
Entre las víctimas más recientes del conflicto de tierras se encuentran cinco comerciantes, dos mujeres y tres hombres, asesinados este lunes mientras viajaban en un vehículo por la carretera de la zona.
El representante de las fuerzas del orden indicó una de las hipotésis que manejan es que los guardias de seguridad de Facussé, contratados por el terrateniente para desalojar las tierras, pudieran ser los responsables de estas muertes.
Por su parte, el ministro de Seguridad hondureño, Óscar Álvarez, consideró que los causantes de este conflicto en Aguán son "ciertos grupos o grupúsculos que desean obtener tierras de manera violenta. Son personas que están dedicadas a actos criminales para obtener supuestos beneficios y obtención de tierras".
Un informe presentado por la Misión de Verificación Internacional, realizado entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2011, indica que luego del golpe de Estado en Honduras en 2009 ha aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra unos tres mil 500 campesinos en las tierras de Bajo Aguán.
Los problemas de tierras en Aguán prosiguen pese a que en abril de 2010, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán suscribió un acuerdo con el Gobierno que estipulaba la entrega a las familias del campo de tres mil hectáreas sembradas de palma africana y otras tres mil sin cultivar.
El Estado también prometió que se otorgarían otras cinco mil hectáreas al campesinado en aproximadamente un año y éstas no podrían ''ser nunca garantía de comercialización, ni vendidas en ninguna circunstancia", pero según el informe de la Misión internacional el Gobierno de Lobo no ha cumplido sus promesas.
"La criminalización de la protesta social, en particular del movimiento campesino, ha tomado la característica de imputar diversos procesos a los líderes de la comunidad. Tal acoso, sumado a la dudable imparcialidad de determinados medios de comunicación, ha degenerado en una estigmatización y criminalización de los campesinos y campesinas del Bajo Aguán", reza el informe.
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