AN estudiará baremo para clínicas: el objetivo no es expropiar, sino impedir la especulación
AVN .- La Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional (AN) analizará una propuesta de baremo para regular los costos de las clínicas privadas, presentada este martes por una alianza de 5.000 trabajadores de unas 10 instituciones del Estado. El diputado Henry Ventura, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), explicó en la sesión ordinaria de la plenaria del Parlamento de este martes que el objetivo no es expropiar los centros de salud privados, sino impedir la especulación perversa y la usura que suele presentarse en estos establecimiento
La Constitución establece que la salud es un derecho social. No puede ser un mercantilismo”, expresó.
Ventura puso como ejemplo que, de acuerdo con el baremo presentado, clínicas de Caracas cobran hasta 2.793 bolívares diarios por concepto de hotelería, mientras los grandes hoteles tienen un costo de cercano a los 1.000 bolívares por noche.
También comentó que aunque 18.000 bolívares es el costo planteado para una cesárea en una clínica, cuando el paciente cancela con póliza de seguro, el precio se incrementa a 31.218 bolívares.
Mientras un medicamento cuesta nueve bolívares en una farmacia, en las clínicas las cobran en 59 bolívares, un incremento de más de 600%.
El diputado añadió: “Decimos a las clínicas privadas que en este país el Estado tiene potestad de regular, por eso el Gobierno ha dicho que hay que implementar la Ley de Costos y Precios Justos”, dictada recientemente.
Por su parte, el diputado Luis Ávila (Psuv) apuntó en el debate que “no negamos las clínicas privadas, pero sí estamos negados a la especulación por ser un elemento que conspira y hace que la inflación sea incontrolable”.
Estimó que la Ley de Costos y Precios Justos acabará con “la caja negra” de los costos de las empresas para que se conozca la verdad de “cuánto cuestan las cosas”.
Simón Escalona, también del Psuv, estimó que un baremo justo de los precios para los servicios en centros de salud privados busca enfrentar a clínicas que consumen las pólizas de seguros de los trabajadores, un derecho establecido en sus contrataciones colectivas.
Rechazó la tesis de que estas medidas repercutirán en los honorarios de los médicos, un planteamiento que, tal como dijo, han difundido los “dueños de clínicas explotadores de la salud”.
Indicó que, por el contrario, son estos empresarios los que crearon una modalidad que explota a los galenos, pues los coacciona a aceptar 30% de sus honorarios por pronto pago, tomando en cuenta que las aseguradoras se tardan varios meses en cancelar el costo de las intervenciones.
Opositores critican la medida
El diputado Leomagno Flores, del partido Acción Democrática (AD), aseguró que la bancada opositora “no defiende las clínicas privadas ni nos oponemos al baremo”, pero desde el Gobierno “se ha generado una política de odio a las clínicas privadas y a los médicos que nosotros rechazamos”.
Aseveró que el baremo presentado, por tomar en cuenta los costos más bajos, “llevaría a la quiebra a las clínicas en seis meses”.
Además, estimó que si se aplica, se violaría la ley, por cuanto ya se dictó la Ley de Costos y Precios Justos. Para Flores la salud pública en el país fracasó, pues la mayor parte de la población es atendida por el sector privado.
En los últimos 12 años el Sistema Público Nacional de Salud ha crecido de 4.000 a 13.000 centros, los cuales prestan atención gratuita en el país, y se fortaleció la red de atención primaria con la Misión Barrio Adentro I, informó recientemente la ministra Eugenia Sader.
