(AFP) – Cuba acusó este lunes a Estados Unidos de financiar y equipar conexiones ilegales de internet en su territorio e informó de la detención en abril de varios “bandidos” en La Habana por lucrar con redes inalámbricas fraudulentas.“En abril de este año fueron detenidos varios residentes en la capital, quienes desde hacía algún tiempo y sin tener ningún tipo de autorización legal, con ánimo de lucro, se dedicaban a instalar redes de acceso inalámbricas“, dijo el diario oficial Granma.
Añadió que esas personas “usando internet, por vía satelital” y utilizando equipos y medios robados o introducidos ilegalmente en el país “implementaron el servicio que les permitía recibir llamadas internacionales sin necesidad de acceder a las redes terminales” del monopolio estatal Etecsa.
“Esta actividad es financiada por Estados Unidos, desde donde llegan al país los medios e implementos necesarios, burlando los controles establecidos”, dijo el diario.
Cuba tiene restringido el acceso a internet, priorizando su uso social a universidades, centros de investigaciones, entidades estatales y profesionales, como médicos y periodistas.
Las altas tarifas y poco ancho de banda que logra con una conexión satelital se deben a que el embargo estadounidense no permite la conexión de la isla con los cables submarinos de fibra óptica que pasan cerca de sus costas.
Para superar estas limitaciones, una compañía cubano-venezolana terminó en febrero el tendido de un cable submarino entre los dos países, que debía entrar en funcionamiento en julio, pero hasta el presente el Gobierno no ha explicado el retraso en las operaciones, lo que ha provocado diversos rumores y especulaciones.
Las autoridades cubanas han acusado a Estados Unidos de introducir ilegalmente en el país tecnología para fomentar redes inalámbricas de internet fuera del control estatal.
Uno de esos casos es el del contratista norteamericano Alan Gross, detenido en diciembre de 2009 y condenado a 15 años de cárcel por transportar a Cuba ese tipo de equipos y entregarlos a varias personas.
Granma advirtió sobre las sanciones previstas para ese tipo de delitos y aseguró que “Cuba tiene todo el derecho de salvaguardar su soberanía radio-electrónica. Los que intenten burlarla recibirán el peso de la aplicación de las normas administrativas correspondientes y de la Ley penal”.
