(AP) - Una vez al mes, la jueza más conocida de Venezuela es esposada, sacada de su departamento y escoltada por soldados a un tribunal para ser juzgada.Pero María Lourdes Afiuni se niega a ingresar a la sala de audiencias. Es su forma de decir que no se le va a hacer un juicio justo.
La combativa jueza está siendo enjuiciada por corrupción y ha pasado a ser vista como un símbolo por los críticos del gobierno, quienes acusan al presidente Hugo Chávez de ejercer una influencia indebida en el sistema judicial.
Afiuni enfureció a Chávez cuando liberó a un banquero acusado de desobedecer los controles cambiarios del país. Un día después de su arresto el 10 de diciembre del 2009, Chávez declaró por la televisión nacional que había hablado de la decisión de Afiuni con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y que era un caso de corrupción. “Habrá que meterle pena máxima a esta jueza, y a los que hagan eso. ¡30 años de prisión!”, manifestó.
Los detractores de Chávez consideran eso como una prueba fehaciente de que el gobernante presiona al sistema judicial para conseguir sus fines. Chávez, por su parte, insiste en que todo lo que hizo en sus casi 13 años de gobierno ha sido legal y que los jueces y fiscales son totalmente independientes.
Afiuni, de 48 años y bajo arresto domiciliario en su departamento, no puede declarar a los medios por el secreto del sumario, pero todos los días expresa sus puntos de vista en Twitter, donde tiene más de 82.000 seguidores. Se describe a sí misma en Twitter como una “jueza secuestrada x orden de Chávez”.
En su departamento, sonríe por momentos y en otras ocasiones frunce el ceño en señal de consternación, mientras escucha a su hermano Nelson Afiuni explicar por qué debe ser liberada. Al justificar su negativa a ingresar al salón judicial, dice: “Ella no se quiere prestar a una condena que ya la tienen escrita”.
Venezuela no es el único país latinoamericano cuyos líderes son acusados de interferir con el sistema legal y el sistema legal venezolano era ya vulnerable mucho antes de la llegada de Chávez al gobierno.
Pero en la última década, según defensores de los derechos humanos, los tribunales han perdido independencia y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores y demás que, a sabiendas o no, van en contra de aquellos en el poder.
Un rival de Chávez en las elecciones presidenciales del 2006, Manuel Rosales, se fue del país diciendo que los fiscales lo habían acusado falsamente de corrupción. Guillermo Zuloaga, accionista mayoritario del canal televisivo antichavista Globovisión, se fue el año pasado para escaparle a acusaciones de delitos que según él tenían una motivación política.
Chávez niega vehementemente las acusaciones de interferencia con el poder judicial, pero defensores de los derechos humanos afirman que el caso de Afiuni sobresale porque está siendo juzgada por un fallo rutinario y luego de que Chávez intervino tan abiertamente en el caso.
Amnistía Internacional exigió su liberación y lo mismo hizo Noam Chomsky, un célebre izquierdista estadounidense que admira a Chávez.
Afiuni fue detenida poco después de disponer la excarcelación del banquero Eligio Cedeño, quien estaba detenido a la espera de juicio, acusado de violar los controles de divisas. Se lo acusa de ayudar a una compañía a obtener 27 millones de dólares a través del gobierno, a ser usados en la compra de equipo de computadora que según las autoridades jamás llegó a Venezuela.
El hermano de Afiuni señaló que, por ley, los venezolanos arrestados no pueden estar presos más de dos años sin ser sometidos a juicio, y Cedeño llevaba casi tres años preso. Además, indicó, la jueza consideró que la evidencia era muy débil como para justificar su detención.
Las autoridades alegaron que realizó la audiencia aunque los fiscales no pudieron asistir. El hermano de Afiuni confirmó ese hecho, pero resaltó que fue la segunda vez que los fiscales no atendieron la convocatoria y además no era necesaria su presencia para ese acto legal.
El abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, dijo que la jueza tomó una decisión legal, sólida, que tuvo en cuenta la opinión del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el cual determinó que la detención de Cedeño era arbitraria.
Chávez dijo que era un caso claro de corrupción. “Exijo dureza contra esa jueza”, afirmó. “Es mucho, mucho, mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo”.
“Esa jueza tiene que pagar con todo el rigor de la ley lo que ha hecho”, insistió.
El gobernante no mencionó ninguna queja en particular contra Cedeño, aunque el acaudalado banquero declaró después que aportó dinero a la oposición y estuvo preso por razones políticas.
Cedeño huyó a Estados Unidos, donde recibió asilo político.
Afiuni fue acusada de corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de un detenido. Su abogado sostiene que los cargos no tienen ningún sustento.
Los detractores de Chávez afirman que el poder judicial está cada vez más aliado con el gobierno. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y su única figura abiertamente crítica del sistema judicial, expresa preocupación de que la gran mayoría de los jueces de la nación han sido reemplazados durante el gobierno de Chávez. Y que sus relevos “tienen miedo” de ir en contra de las autoridades por lo que se conoce como el “efecto Afiuni”.
En una entrevista telefónica, Mármol de León culpó a Chávez por la detención de Afiuni. “La jueza Afiuni está presa por una decisión del presidente”, dijo Mármol de León.
Graterol, el abogado de Afiuni, quiere que el juez de su caso sea descalificado, aduciendo que ha demostrado tener afinidad con el gobierno.
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz ha dicho que hubo irregularidades en la liberación de Cedeño y que Afiuni ignoró una decisión del Tribunal Supremo en la que se le había otorgada una prórroga a la fiscalía para preparar el caso. La fiscalía no respondió a una solicitud de entrevista.
Después de su arresto, Afiuni pasó casi 14 meses en la cárcel. Allí, según su hermano, soportó amenazas de otras presas y fue rescatada por soldados de la Guardia Nacional cuando otras detenidas se aprestaban a regar su celda con gasolina y a prenderle fuego.
En febrero fue sometida a una histerectomía y se le concedió el arresto domiciliario por cuestiones de salud. Sus partidarios le dieron la bienvenida y en una pared afuera de su edificio pintaron “Jueza Afiuni, honestidad y valor”.
Su hermano afirma que la jueza no está recibiendo tratamiento adecuado para dos quistes en los pechos y otros problemas de salud porque las solicitudes de atención médica deben ser aprobadas por los tribunales. También dijo que no le permiten hacer ejercicios al aire libre.
La magistrada vive con una hija de 19 años y sus padres. Afuera de su puerta, soldados hacen guardia las 24 horas del día.
Por Ian James
