(EFE).- El número de colombianos que entra en Ecuador huyendo de la
violencia en su país ha aumentado progresivamente en los últimos dos años, hasta
colocarse en entre 1.200 y 1.500 por mes, según dijo hoy la
ONU.
Actualmente hay 55.000 refugiados reconocidos en Ecuador,
según los datos que el Gobierno ha proporcionado al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la mayor cifra en Latinoamérica,
frente a los tan solo 390 de 2000.
De ellos el 98 % son colombianos y el 70 % mujeres y niños,
que huyen de su país después de que los esposos fueran reclutados en grupos
ilegales o asesinados, o se trata de madres solteras, según el Acnur.
Además, el Gobierno de Ecuador tiene pendientes casi 21.600
solicitudes para obtener la condición de refugiado y existe un número
indeterminado de extranjeros en su territorio cuyos papeles han expirado, de
acuerdo con esa organización.
También hay una cantidad desconocida de colombianos muy pobres que viven
en comunidades aisladas en la frontera y que carecen de acceso
al procedimiento de solicitud de asilo, porque no cuentan con el dinero para
viajar a la capital o les da miedo salir, según el Acnur.
“En los últimos dos años hemos visto que se ha intensificado el número de
llegadas, ya la Dirección de Refugiados (del Gobierno de Ecuador) habla de un
aproximado de 1.200 a 1.500 personas por mes”, dijo Deborah Elizondo,
representante del Acnur en Ecuador.
Elizondo hizo sus comentarios en una rueda de prensa junto con el presidente
de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, durante la cual
firmaron un acuerdo de cooperación para formar, entre otros, a
policías y funcionarios de ministerios y del sistema judicial sobre temas de
refugiados y de derecho constitucional.
Además, la Corte ultima la firma de un convenio de capacitación con las
Fuerzas Armadas ecuatorianas, que también incluirá el derecho internacional
referente a los refugiados, explicó Pazmiño.
El Acnur invertirá este año cerca de 12 millones de dólares
en sus operaciones en Ecuador, donde desarrolla proyectos de ayuda en áreas como
educación, salud y sanidad en comunidades fronterizas, explicó Elizondo.
Citó como uno de los retos las diferencias entre el Acnur y las autoridades
ecuatorianas sobre el concepto de quién es un refugiado.
“En algunos casos sí tal vez se discrepa en la aplicación que se ha dado, de
parte del ente institucional del Gobierno. Muchas veces estas personas recurren
a apelar contra una denegatoria (del estatus de refugiado) y muchas veces tal
vez no se han observado derechos fundamentales“, dijo.
Elizondo también denunció “una especie de discriminación velada
en la sociedad, que muchas veces no les ha permitido a los refugiados
inscribir a sus hijos cuando nacen en territorio ecuatoriano, muchas veces no
tienen los hijos acceso a la educación”.
Lo achacó en parte a lo que considera una “manipulación” de los
medios de comunicación que, en su opinión, presentan a los refugiados
como criminales, y dijo que el Acnur trabaja en una campaña con la Cancillería
de Ecuador para proyectar una imagen positiva de ellos.
