(EFE).- La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas ha pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, en el parlamento para que informe de la situación de “falta de garantías físicas y jurídicas que sufren los ciudadanos españoles que residen en Venezuela“.
La formación política canaria informó hoy, en un comunicado, que pretende que el ministro aclare en la Comisión de Asuntos Exteriores las gestiones que está llevando a cabo para velar por los intereses de los españoles cuyos bienes han sido expropiados por el Gobierno de Venezuela.
“Los canarios son los más afectados por la aplicación de la reforma agraria impulsada por dicho país, consistente en la expropiación e invasión de tierras, con el agravante de que la mayor parte de ellos sigue sin percibir la indemnización que les corresponde”, señala el comunicado difundido hoy CC.
Oramas expresa su preocupación por la expropiación forzosa de tierras y también por la “seguridad física de los afectados”, que sólo disponen de un Consulado en Caracas para defender sus derechos.
Dice también que no se ha cumplido con la promesa de ampliar los servicios consulares para prestarles una atención más eficaz.
El pasado 6 de enero, ciudadanos españoles y sus descendientes venezolanos pidieron en Caracas al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúen ante lo que denominan expropiaciones “ejecutadas ilegalmente” por el Gobierno de Hugo Chávez.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE), Félix Barbero, dijo a Efe que las autoridades venezolanas “no cumplen” con lo establecido por la Constitución en cuanto a indemnizaciones y otros “pasos a seguir en el caso de expropiaciones de bienes”.
Por ello Barbero hizo un llamamiento a las autoridades de Madrid “para que hagan cumplir el acuerdo que se firmó entre España y Venezuela en 1995 y que empezó a regir en el año 1997″.
El presidente de FECEVE aludía al acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, que -reiteró Barbero- es vulnerado por el Gobierno de Chávez en perjuicio de “más de 300″ españoles y por un monto que “pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros”.
