EFE-Españoles y sus descendientes venezolanos pidieron hoy en Caracas al rey Juan
Carlos y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúen ante lo que
denominan expropiaciones "ejecutadas ilegalmente" por el Gobierno de Hugo
Chávez.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela
(FECEVE), Félix Barbero, dijo a Efe que las autoridades venezolanas "no cumplen"
con lo establecido por la Constitución en cuanto a indemnizaciones y otros
"pasos a seguir en el caso de expropiaciones de bienes".
Por ello Barbero
hizo un llamamiento a las autoridades de Madrid "para que hagan cumplir el
acuerdo que se firmó entre España y Venezuela en 1995 y que empezó a regir en el
año 1997".
El presidente de FECEVE aludió con ello al acuerdo bilateral de promoción y
protección recíproca de inversiones, que -reiteró Barbero- es vulnerado por el
Gobierno de Chávez en perjuicio de "más de 300" españoles y por un monto que
"pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros".
Algunas decenas de
esos ciudadanos se congregaron hoy frente al Consulado de España en Caracas,
donde firmaron las cartas dirigidas al rey y a Rajoy.
La FECEVE "respalda
la mala situación que están pasando todos los españoles con respecto a la
afectación de sus propiedades" en Venezuela, dijo Barbero y aseguró que no se
trata únicamente de ciudadanos españoles "afectados por la expropiación de
propiedades agrícolas", sino también "pecuarias, urbanas e
industriales".
"Hay estructuras industriales, estructuras comerciales,
estructuras de vivienda" levantadas algunas por "generaciones de abuelos, mucho
trabajo, mucho esfuerzo perdido", se lamentó.
La misiva dirigida a don
Juan Carlos subraya que, "al no cumplirse la garantía que ofrece la legalidad
(...), desprotegidos y fuera de estado de derecho, recurrimos a su majestad como
españoles que somos y, conociendo su sensibilidad humana y social, le pedimos
que nos ayude a encontrar la salida justa".
El titular de FECEVE recordó
que Miguel Ángel Moratinos, cuando era ministro español de Exteriores, firmó a
mediados de 2010 un convenio con las autoridades venezolanas para lograr "un
pago justo" por las propiedades afectadas.
"Se hicieron unas mesas de
trabajo, fueron siete hasta diciembre de 2010, y no se concluyó nada", lo que
luego derivó en acciones de "desesperados" que "tuvieron que, en forma
lamentable, ponerse en huelga de hambre", recordó.
"No sé si eso es lo
que persiguen de nosotros: que nos pongamos todos en huelga de hambre aquí en la
puerta del consulado", agregó Barbero al recordar el ayuno cumplido el año
pasado por los hermanos Carlos y Luis Solórzano, de nacionalidad española y
venezolana.
La finca de los Solórzano formó parte de la política de
expropiaciones de terrenos que el Gobierno de Chávez considera de "utilidad
pública" o cuya titularidad no ha quedado demostrada, según el criterio oficial,
así como de latifundios catalogados de ociosos.
A los hermanos Solórzano
"se les pagó a mucho disgusto", pero además, sostuvo Barbero, sin reconocerles
"un justo precio".
