(EFE).- El juez español Baltasar Garzón declarará el próximo martes
ante el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los
crímenes del franquismo, a no ser que la corte decida archivar la causa, como
pide la Fiscalía y la defensa.
Garzón, el juez español que se dio a conocer internacionalmente tras ordenar
en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, está
acusado de prevaricación al abrir la investigación ignorando la Ley de Amnistía
aprobada en España en 1977 durante la transición a la democracia.
Con la incertidumbre de saber si el Alto Tribunal acepta o no las peticiones
de nulidad, Garzón se sentará en el banquillo de los acusados para escuchar la
respuesta que los siete magistrados que integran la sala que lo juzga
deliberan desde el pasado martes.
Ese día, el abogado del
magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda, y el fiscal Luis Navajas pidieron
el sobreseimiento de la causa al considerar que todas las actuaciones
que han llevado al juez al banquillo han vulnerado la legalidad, además de
sostener que la acusación popular carece de legitimidad.
Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito
de prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la
asociación Libertad e Identidad.