AFP-La situación de los derechos humanos, la libertad de expresión y la
independencia del Poder Judicial se han debilitado en Venezuela durante el
gobierno de Hugo Chávez, según la organización Human Rights Watch (HRW), que
califica este panorama de "precario" en su informe anual 2011.
En las
siete páginas que dedica a Venezuela, HRW señala su preocupación por asuntos
como los "abusos policiales" en el control de la violencia y la inseguridad, las
malas condiciones de las cárceles y la "abdicación" que el Poder Judicial ha
hecho de su papel de velar por la justicia.
"El debilitamiento del
sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente
Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos",
señaló HRW en el informe difundido este domingo.
"El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión,
la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los
derechos humanos", insistió esta organización humanitaria.
El informe se
detiene sobre varias leyes que aprobó el saliente Parlamento en diciembre de
2010, entonces dominado casi totalmente por el oficialismo, cuando habilitó a
Chávez para legislar por decreto durante 18 meses o reformó una norma que
ampliaba las regulaciones a los medios de comunicación.
"Las vagas
disposiciones de la ley (habilitante) pudieron impactar directamente en el
ejercicio de los derechos porque, por ejemplo, permitían al presidente
determinar qué penas podían ser impuestas a alguien que cometía un crimen",
señala el documento.
HRW aseguró también que en Venezuela hay una serie
de normas que "contribuyen a un clima de autocensura", como la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004,
que fue reformada en 2010, para regular los contenidos en internet y ampliar las
limitaciones a radios y televisoras.
Según esta ley, que fue muy
criticada por los opositores a Chávez, los medios que difundan mensajes que
pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los
destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" serán
sancionados.
El informe de HRW cuestionó también la decisión oficial que
en 2009 llevó a la salida del aire de una treintena de radioemisoras, o la
revocación dos años antes de la concesión a la televisora RCTV, muy crítica con
el gobierno.
Igualmente denunció los procesos administrativos contra la
estación Globovisión, así como la multa por más de 2 millones de dólares con que
fue sancionada en octubre por la cobertura que hizo de una violenta crisis
carcelaria.
En cuanto al Poder Judicial, HRW aseguró que "desde 2004 el
Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado en su rol de vigilar al Poder
Ejecutivo, fallando en la protección de los derechos fundamentales consagrados
en la Constitución".
"Chávez y sus aliados tomaron el control del
Tribunal Supremo de Justicia instalando a partidarios del gobierno y creando
nuevas medidas para realizar purgas entre los jueces de la corte", acusó
HRW.
Esta falta de independencia, añadió, ha favorecido "el
enjuiciamiento de reconocidos opositores a Chávez", como el ex gobernador
Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; o el líder
sindical Rubén González.
La organización humanitaria denunció además el
proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde hace dos años por
otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.
"Jueces
independientes pueden enfrentar represalias si fallan en contra de los intereses
del gobierno", afirmó HRW, que recordó que "al día siguiente de su detención,
Chávez acusó públicamente a Afiuni de ser una 'bandida' que debería recibir la
pena máxima de 30 años de cárcel".
Sobre la inseguridad y violencia que
azotan a este país sudamericano, el documento de HRW sostiene que "los crímenes
violentos proliferan en Venezuela, donde los asesinatos extrajudiciales por
agentes de seguridad siguen siendo un problema".
"Las prisiones
venezolanas están entre las más violentas de América Latina. Débiles sistemas de
seguridad, hacinamiento, vigilancia insuficiente, pobremente preparada y
corrupción, permiten que las bandas armadas efectivamente controlen las
prisiones", sentenció HRW.
Chávez está en el poder desde 1999 y en las
elecciones de octubre aspirará a un tercer mandato.
