Luego de cuatro días en audiencia de presentación, el Ministerio Público logró
la privativa de libertad para 12 funcionarios del Banco Bicentenario, con sede
en el Táchira, quienes de manera fraudulenta se habrían apropiado de 135 mil
dólares a través de la banca electrónica.
Durante las audiencias, los
fiscales 47° nacional y 10° de la referida jurisdicción, María Bejarano y Jean
Carlos Castillo, respectivamente, presentaron los elementos de convicción contra
los 12 empleados de esa entidad financiera del Estado, por presuntamente
incurrir en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y
fraude informático continuado, previstos y sancionados en las leyes Contra la
Corrupción, Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Especial Contra los
Delitos Informáticos.
La lista de funcionarios, adscritos al
departamento de banca telefónica, está integrada por Yuliana Velandria Zambrano,
Yasmín del Carmen Prato Palencia, Nareni del Valle Benitez, Paula Flores Méndez,
Milled Sánchez Ferreira, Nury Porras Cárdenas, Maite Molina Ramírez, Mary
Barrera Rodríguez, Luis Torres Rivas, Mónica Briceño García, Belkis Matamoros
Orozco y Blas Borrero Camacho.
Fueron presentados ante el Tribunal 9° de
Control del estado Táchira, instancia que acogió la precalificación fiscal,
decretó la medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la sede
de la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas de esa jurisdicción.
Cabe destacar que por estos mismos
hechos, el Ministerio Público acusó el 13 de enero de este año a Gibson García
Peñuela, José Fuentes Vargas, Carlos Carrero Guerrero y Nestor Cárdenas Moreno,
quienes actualmente también se encuentran privados de libertad.
Este
grupo de empleados del Banco Bicentenario, habría utilizado la información
aportada por los clientes, vía telefónica, relacionada con la tramitación de
dólares de Comisión Administrativa de Divisas (Cadiv), para realizar las
irregularidades.
Hay que resaltar que otros tres funcionarios se
encuentran con solicitudes de aprehensión; sin embargo, están en fuga.
La investigación contra estos funcionarios la inició el Ministerio
Público el 28 de noviembre de 2011, a solicitud de la junta directiva de la
referida entidad bancaria del Estado.
De acuerdo con la investigación
preliminar, el número de clientes afectados asciende a 125.
