La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de avocamiento que introdujo el Gobierno nacional por el caso Bandagro.
Esta determinación permite que Skye Ventures demande al Estado en los tribunales estadounidenses por el incumplimiento en el pago de bonos emitidos por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981.
En septiembre de 2010 el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Cincinnati, en Estados Unidos, dictaminó que los tribunales federales de Estados Unidos tienen competencia y jurisdicción para resolver si la República debe pagar los bonos.
Con el recurso ante la Corte Suprema el gobierno venezolano intentó que este dictamen quedase sin efecto. Sin embrago, ahora el Gobierno venezolano podría verse obligado a cancelarle a la empresa Skye Ventures dos notas en dólares por un valor nominal de 100 millones de dólares, más 800 millones en intereses.
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