Ni un euro de dinero público más para la banca. Así lo
anunció ayer Mariano Rajoy durante la reunión de la
primera Comisión Delegada de la legislatura, que presidió el propio presidente
del Gobierno, en la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó las claves de lo que será la próxima
reforma del sector financiero, según ha podido saber ABC en fuentes próximas al equipo económico del Ejecutivo.
La
clave estará en forzar fusiones entre entidades financieras. Para ello, en
primer lugar, el Gobierno obligará a bancos y cajas a aumentar sus provisiones
para cubrir los activos inmobiliarios que tienen en los balances. Y solo lo
podrán hacer con cargo a resultados o a lo que denominan «capital contigente»,
que son todos aquellos títulos que pueden convertirse en acciones.
La
consecuencia inmediata de esta obligación de sanear los balances sería que la
mayoría de las entidades del país dejarían de tener beneficios durante dos años.
Entrarían en pérdidas. Pero el Gobierno les daría una salida. Aquellas que
consoliden, es decir, que se fusionen con otras, recibirán como incentivo plazos
más largos de provisionamiento. Es decir, que en lugar de hacer dotaciones en
unos meses, puedan hacerlo en varios ejercicios, lo que les podría librar de
esos temidos números rojos.
Anuncio inminente
Por
tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy da un impulso más a sus planes sobre la
necesaria, y obligada, reforma financiera, que, según las mismas fuentes
consultadas, anunciará en breve y que llevará debajo del brazo a la próxima
cumbre europea, del 30 de enero.
Hasta ahora, lo que se ha hecho es tirar de FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria), con esquemas de protección de activos (EPA) detrás, para aquellas
entidades que absorbieran o compraran otras con problemas. Algo que ha ocurrido
recientemente con el caso del Banco
Sabadell, que ha recibido ya más de 5.000 millones. Cifra que puede superar
los 20.000 millones en los próximos años, una vez que se afloren todas las
pérdidas. Y precisamente esta era la fórmula que el sector pretendía que se
siguiera aplicando.
Pero
la decisión está tomada. El Gobierno no quiere utilizar ni un euro más de las
arcas públicas para el sector por dos razones. Una, de imagen interna. La
primera decisión del Gobierno ha sido exigir sacrificios a los ciudadanos con
subidas de impuestos, de forma totalmente sorpresiva, por lo que no entenderían
que parte de estos ingresos extra se destinen a la gran banca. Además, hay otros
muchos sectores económicos con problemas, que también podrían exigir el mismo
trato. Por tanto, facilitar ayudas públicas al sector financiero en un momento
como el actual provocaría un fuerte rechazo social.
Ahora
bien, el principal motivo para obviar esta opción ha venido de fuera —Europa y
los mercados—. Las agencias de «rating» ya han advertido de que bajarán incluso
más las calificaciones a la deuda española si se destinan más recursos estatales
al sector financiero. Y en el Ejecutivo temen, además, que se pudiera repetir el
caso de Irlanda, en el que han sido las ayudas a los bancos las que obligaron al
país a pedir el rescate.
Fuentes financieras explicaron a este diario que con
esta fórmula, las actuales entidades no tendrán más remedio que fusionarse para
evitar incurrir en pérdidas. Explican en este sentido que el Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero, consiguió su objetivo de obligar
a las cajas a convertirse en bancos con un estímulo similar. Aquellas que se
convertían en bancos tenían menos exigencias de capital —un 8%—, que las que no
lo hacían, que tenían que llegar a un 10%. El resultado fue el esperado. La
mayoría de las entidades financieras en España ya son bancos.
Planes de recapitalización
Mientras el Gobierno teje las redes de la nueva estructura
bancaria del país, el Banco de España, desde hoy, revisa los planes de
recapitalización de las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA,
Popular, La Caixa y Bankia) para cumplir con las exigencias establecidas por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA,
por sus siglas en inglés). Los cinco grandes de la banca tienen de plazo hasta
el 20 de enero para remitir al supervisor formalmente la hoja de ruta con el fin
de elevar su capital en la medida fijada por la EBA.
BFA, el banco financiero de Bankia, aprobó ayer su plan. El
grupo prevé alcanzar un capital principal del 9,8% en junio (10,5% bajo
normativa actual de Basilea II), situándose en «una sólida posición de
solvencia» por encima del nivel mínimo exigido del 9%, informó la entidad.
ABC
