El presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, dice que “a veces es peor el remedio que la enfermedad“, con relación la Ley de Costos y Precios Justos, que entró en vigencia el pasado 22 de noviembre y que pretende controlar la alta inflación que afecta a Venezuela.
En una entrevista concedida a el diario El Tiempo, advirtió que el Gobierno ha informado que sólo planea incluir los costos directos en los precios de los productos, dejando por fuera los indirectos y afectando los márgenes de ganancia.
A su juicio, más de 11 mil empresas no saben qué pasará con su mercancía y no hay certeza de que los nuevos importes entren en vigencia el 1 de marzo, como fue prometido.
Lea parte de la entrevista a continuación:
-¿Qué consecuencias ha tenido para la industria la falta de decisión oficial sobre la ley de precios?Es difícil precisarlo en cifras, pero ha creado una incertidumbre muy grande en las empresas y ciudadanos. Los controles de precios dictados por el gobierno, que son decisiones más políticas y electorales que técnicas, terminan generando escasez. Si las empresas no tienen un margen de retribución adecuado para poder operar, la producción se ve afectada. El sector agrícola es el mejor ejemplo. Luego de los controles de 2005, pasamos a ser fuertes importadores de muchos productos que antes exportábamos. En ese año importábamos 15 mil millones de dólares y ahora importamos 48 mil millones.-¿Entonces las medidas “políticas” no sirven para controlar la inflación?La inflación en casi todo el mundo es un problema superado. Sólo sigue afectando en Vietnam, algunos países de África y en Venezuela. Los países latinoamericanos que sufrían de hiperinflación tomaron medidas macroeconómicas adecuadas y salieron del problema. En Brasil se redujo el alza de productos a 3,4% en tres años. Tomaron medidas de promoción del mercado y la oferta, las cuales luego fueron mantenidas por Lula y la actual presidenta. Ahí no hay controles de precios, ni expropiaciones, ni persecución a la actividad privada.-¿Cuáles son las medidas que se necesitan en Venezuela?Lo primero es tener un equilibrio fiscal, no gastar más de lo que se tiene. En Venezuela se da una mezcla altamente inflacionaria: se restringe la oferta con las expropiaciones, controles y confiscaciones, pero a la vez se incentiva la demanda con mayor gasto público. Si se tienen menos productos y más demanda, es una fórmula para que aumenten los precios.-¿El Gobierno no pensó en todas las dificultades que implicaba la Ley?Las personas que diseñaron el instrumento no conocen la complejidad de un proceso contable ni todos los componentes que entran en una estructura de costo. Hay postgrados en contabilidad de costos y las empresas tardan varios días en calcular sus estructuras, no es sumar dos más dos.Por las declaraciones de funcionarios del Gobierno, se ve que hay un desconocimiento profundo sobre lo que es un costo razonable. El mismo Presidente criticaba que se llevaran las cargas laborales al costo. Pero eso es totalmente legal, lo permite el Seniat. Se incluyen todos los gastos vinculados a la producción de la renta.Importación de materia primas
-¿Cómo marcha la situación de entrega de divisas para la importación de materias primas?Cadivi ha venido funcionando con mayor eficiencia y los tiempos de respuesta se han ido reduciendo. Pero el problema no es Cadivi, sino llegar a Cadivi. Conseguir las solvencias y Certificados de No Producción (CNP) es muy complejo. La dificultad del procedimiento varía en función de los ministerios. En algunos, como el de Industria y Comercio, los certificados están saliendo con mayor velocidad.En otros, como el de minería e industrias básicas, pueden tardar hasta seis meses. Es complejo porque, al pedir un CNP, se pone con una cantidad y bajo unas condiciones específicas. Si te lo responden a los seis meses, las condiciones en el mercado internacional varían. El producto puede valer más y eso crea problemas. Pagar la diferencia es difícil porque a las empresas tampoco les es fácil conseguir dólares a través del Sitme. Es un proceso engorroso y complejo que limita la producción nacional.Reforma de la LOT
-En lo relativo a la ley de Trabajo ¿Han sido escuchadas las propuestas de Conindustria?Esta ley es el contrato madre de las relaciones sociales en cualquier país. Es muy delicada y preocupa mucho que se apruebe en el marco de una Habilitante y sin hacer las consultas necesarias.Las normas internacionales, que son ley de la República, como los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, dicen que las leyes laborales deben ser aprobadas en base a un diálogo social con representación de todos los sectores del país. Eso no se ha visto y la comisión presidencial para el tema no se ha reunido ni siquiera una vez. Sólo han llegado propuestas de grupos oficialistas.-¿Cómo debería ser la Ley?Debe ser una ley moderna que, como las de la mayoría del mundo, tienda hacia la competitividad de los países. Si queremos ser un país competitivo, que exporte y que cree empleo, hay que ver las políticas laborales que se están desarrollando en el mundo, a fin de tener costos comparables. Si se cambia la estructura simplemente por cosas como reducir la jornada de trabajo, al final, el costo de producción será más alto. Los países europeos que redujeron su jornada están empezando a revertir la medida porque no pueden competir con China por los elevados costos. En China se trabajan seis y siete días a la semana y las condiciones laborales son muy distintas.
Con información de El Tiempo
