Con pruebas en mano, Neidy Rosal y Aura Montero, diputadas del Consejo Legislativo del estado Carabobo, presentaron este sábado un escrito ante la Fiscalía 3era. del Ministerio Público en esta entidad, donde demuestran el estado de descomposición de más de 100 mil 800 kilos de embutidos hallados el pasado viernes en un depósito de Mercal en Guacara.En el documento las diputadas solicitan la inspección de todos los depósitos de Mercal y Pdval ubicados en el estado, para constatar el mal estado en que se encuentran los alimentos allí almacenados, pero además, solicitan la asignación de un Fiscal Sanitario, que de fé del mal estado y del problema de contaminación que se puede generar en el caso del consumo o reprocesamiento de estos productos descompuestos.
Llama la atención a las diputadas, la información suministrada por el encargado del almacén en Guacara, quien señaló que estos embutidos serían trasladados y reprocesados, pero la pregunta, es ¿reprocesar para quién? ¿Para el uso animal o humano?.
Neidy Rosal hizo un llamado a la Fiscal General de la República, la Contralora General de la República y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para que de una vez por todas actúen y tomen correctivos sobre estos casos, que luego de 2 años y 10 denuncias, con fotos, videos y documentos, ninguna ha obtenido respuesta.
Resaltó su preocupación, porque “esta práctica que debería ser inusual, se haga en forma permanente y lo ven normal que se pierdan cantidades enormes de comida”. “Esto no es juego, están jugando con la comida de los venezolanos”.
En la inspección realizada en Guacara, además de localizarse los 100.800 kilos de mortadela de pollo y salchichas con fecha de vencimiento de diciembre de 2011 y enero de 2012, las legisladoras pudieron verificar que habían alimentos que no estaban vencidos, pero no estaban en condiciones para el consumo humano, ya que son productos que no están refrigerados.
Aura Montero recalcó que el Gobierno Nacional ha invertido millones de dólares en comprar y comprar comida en forma irresponsable, acabando con la producción nacional, abarrotando los centros de acopio, pero no se ha dispuesto dinero para mejorar los depósitos y el sistema de distribución.
Pareciera que el negocio es dejar dañar la comida
Rosal recordó que ya han pasado dos años desde que se iniciaron las denuncias por los alimentos dañados localizados en el puerto de Puerto Cabello, sin embargo las autoridades no han tomado las medidas correctivas.
Afirmó que “pareciera que hay un negocio, que el negocio es que se pierda la comida para reprocesar”, sin embargo, en este momento no hay ningún tipo de responsable ni control.
Al mismo tiempo, Rosal hizo un llamado de atención a la sensatez de las autoridades nacionales.
También recalcó su preocupación ante esta situación, pues el principal abastecedor del programa de alimentación escolar a nivel nacional, es Mercal.
Para Aura Montero la contaminación que se puede producir por el reprocesamiento de los alimentos, es grave. De allí que exigió la incorporación de fiscales sanitarios a la inspección de los centros de acopio, y al supuesto reprocesamiento, pues estos alimentos al ser consumidos por los animales, puede afectar luego a los humanos.
“No hay ninguna certificación de salud para este tipo de alimentos y no hay medidas correctivas, que es lo más lamentable”.
Según expresó la diputada del Clec, la impunidad es la que sigue generando esta situación. “Esto ocurre desde el momento en que se compran los alimentos. Aquí llega la comida a punto de vencerse o ya vencida, sin embargo, las autoridades lo permiten, y no pasa nada a pesar de todas las denuncias y pruebas que hemos entregado a la Fiscalía”.
