Inédita condena al Estado chileno por discriminar a una lesbiana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno tras establecer que la justicia local discriminó a la juez Karen Atala al quitarle la custodia de sus tres hijas en mayo de 2004 por ser homosexual y vivir con su pareja.
“El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación”, señala la sentencia que el tribunal internacional, con sede en Costa Rica, adoptó de forma unánime y que fue conocida en Chile la noche del martes.
“Es una decisión histórica porque, por primera vez en la región, un organismo internacional determina que la justicia no puede discriminar ni por orientación sexual ni por identidad de género a la hora de resolver las tuiciones [custodias] de los menores de edad. Este es un caso que sigue la línea de Salgueiro, el caso contra Portugal que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló hace años”, ha señalado este miércoles Jorge Contesse, ex director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y abogado de Karen Atala.
El fallo ha causado un gran revuelo en el país, ya que el caso de Atala despertó el interés de la opinión pública hace casi 10 años. El padre de las niñas, Jaime López, solicitó a los tribunales chilenos en enero de 2003 que le concedieran la custodia de las menores de cinco, siete y nueve años. Argumentó que su mujer era lesbiana y que su convivencia con una mujer produciría daño a sus hijas.
Un año después, en enero de 2004, la Corte Suprema transfirió la custodia definitiva al hombre. Para justificar su decisión, la máxima instancia judicial chilena señaló que las niñas estaban expuestas a una eventual confusión de papeles sexuales si seguían habitando el mismo hogar de su madre y de su pareja, la historiadora Emma de Ramón. “Es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal”, indicaba además el fallo de la Corte Suprema.
Pocos meses después, la juez Karen Atala, funcionaria del Poder Judicial chileno, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras seis años de investigación, el organismo internacional presentó formalmente la demanda en octubre de 2010. Desde entonces, tras escuchar las declaraciones de la madre y las niñas, la corte se abocó a dirimir y redactar el fallo, que ha sido celebrado tanto por el entorno de la juez como por las ONG que defienden a las minorías sexuales.
La Corte ha ordenado al Estado chileno brindar la atención médica y psicológica gratuita a la madre y a las tres niñas, que autoridades de “alto rango” realicen un reconocimiento público a las víctimas en el plazo de un año, efectuar cursos de capacitación a los funcionarios judiciales en materias de identidad de género y orientación sexual y, entre otras medidas, indemnizar a Atala y a sus hijas por una suma de 60.000 dólares.
Los jueces, sin embargo, no se pronunciaron en su fallo con respecto a la custodia, que hasta el día de hoy sigue estando en manos de Jaime López. Kena Lorenzini, portavoz de la juez Atala, indicó este miércoles que “Karen está muy emocionada con el fallo, porque se ha sacado el estigma de mala madre. En estos momentos se encuentra en un estado de introspección”.
El padre de las niñas, entre tanto, a través de una carta a un periódico, se refirió en duros términos a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “¿Cómo es posible que en un juicio internacional se considere víctimas a tres de mis hijas, e incluso en su nombre se pidan indemnizaciones por los supuestos daños que se les provocaron? (…) Otra de mis hijas, quien no fue entrevistada, ha señalado por escrito a la Corte Interamericana que no se siente víctima, que no está de acuerdo con que se utilice su nombre para este juicio, y quiere decírselo directamente a la Corte. Eso hace más de un mes, y aún no hay respuesta”, señaló Jaime López.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo en sus manos la defensa del Estado de Chile ante la Corte en septiembre de 2011, mostró su total disposición a cumplir la condena. “Junto con reiterar nuestro compromiso por los derechos humanos y el apego al derecho internacional, el Gobierno implementará a la brevedad las medidas indicadas en la sentencia”, dijo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Asimismo, el secretario de Estado destacó que la Corte no acusó al Estado chileno de tener una legislación discriminatoria, sino que hizo alusión a un fallo puntual de la Corte Suprema.
El presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, indicó en cambio que “el fallo es una sanción a nuestro atraso institucional”. El portavoz de la Corte Suprema, el magistrado Jorge Rodríguez, se refirió ayer al caso Atala y a la decisión que en su momento tomó la justicia chilena de quitarle la custodia de sus tres hijas. “Yo creo que no hubo discriminación. El fallo se centró no tanto en la opción sexual, sino que en las posibilidades de riesgo de las niñas”, explicó el juez del máximo tribunal del país.
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