Nota de Prensa). El partido Voluntad Popular rechazó de manera enérgica la medida de embargo tomada por el Tribunal Supremo de Justicia sobre los bienes de la planta televisiva Globovisión Tele CA, como consecuencia de la multa que impuso Conatel por la transmisión de los hechos ocurridos en la cárcel El Rodeo en junio de 2011.
David Smolansky, miembro de la dirección nacional de la tolda naranja, consideró que es una medida que busca atropellar una vez más al canal informativo por su línea editorial. “Consideramos que se trata de un abuso del TSJ, actuando como operador político de Miraflores y no como un ente independiente porque sólo cumple órdenes en contra de quienes quieren mostrar la verdadera cara del país a todos los venezolanos”.
Para Smolansky, esta es una nueva acción por parte del gobierno nacional para instaurar la hegemonía comunicacional que el ministro Izarra ya ha anunciado, “ocurrió con RCTV y con más de 30 emisoras de radio, y lo que quieren es que los medios públicos estén siempre a servicio del oficialismo y los privados se censuren o sean asfixiados en este caso de manera económica”.
Calificó esta medida como la confirmación del temor que tienen, quienes hoy están en el poder, de perder en las próximas elecciones. “Es muy raro que esto ocurre casualmente cuando Consultores 21 publica que hay un empate técnico entre Capriles y el candidato del oficialismo, a solo días de comenzar una campaña oficial para la presidencia… definitivamente es la confirmación del temor que hay en quienes hoy están en Miraflores de perder el poder a solo 100 días de la elección”, apuntó.
“Desde Voluntad Popular siempre vamos a defender y promover la libertad de expresión, el derecho que tenemos todos los venezolanos de estar informados, el libre ejercicio del periodismo, el acceso a las fuentes oficiales como derecho consagrado en la constitución nacional y el poder tener al servicio de los ciudadanos verdaderos medios públicos que sean equilibrados y veraces”, dijo Smolansky.
El vocero de VP recordó que la multa impuesta por Conatel se derivó de un hecho público que enlutó a familias venezolanas y se extendió por más de un mes, debido a la ineficiencia del gobierno central para atender y controlar los centros penitenciarios.“El gobierno podrá seguir utilizando su poder y las instituciones para intentar callar las voces que los adversan pero nunca podrá amedrentar la voluntad de los ciudadanos que se expresarán con el voto el próximo 7 de octubre”.
“Nos solidarizamos con Globovisión, con sus reporteros, anclas, técnicos y trabajadores, porque ante una medida de este tipo lo que queda en evidencia es un gobierno que quiere callar a quienes defienden la verdad, una medida más contra la libertad de expresión en nuestro país”, subrayó, “nuestro compromiso con el país es que una vez que Capriles sea electo presidente los periodistas de los medios de comunicación públicos y privados gozarán de plena libertad para ejercer su profesión” concluyó.
