Empresas Polar manifiesta su preocupación por la aprobación inconsulta de la reforma de la Ley de Timbres Fiscales del Estado Aragua. Asegura que tiene el derecho constitucional de participar en la discusión de la modificación de una ley de interés público.
Antonio Planchart, Gerente Corporativo de Asuntos Tributarios de Empresas Polar, indica que la corporación no fue consultada sobre el contenido de la reforma de la ley. “Esto no es posible, siendo una empresa que genera casi 3.000 empleos directos en la región, que tiene tres plantas y ocho agencias y sucursales”, comenta.
Planchart asegura que el Consejo Legislativo del Estado Aragua violó el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé el respeto al proceso de consulta pública a los destinatarios de la ley.
“La ley se aprobó luego de dos sesiones de discusión a las que no fuimos convocados”, asegura el abogado. “Nunca vimos el texto, no pudimos hacer observaciones y lo más preocupante es que aún se desconoce el alcance e impacto de la nueva reforma”, insistió.
Recordó que el problema de la ley es el método para calcular el tributo que está basado en el metraje de las instalaciones de las empresas. “Esto hace que la tasa que debe pagarse sea absolutamente desproporcionada y no guarde relación alguna con el costo del servicio público recibido”, puntualiza.
Planchart indica que “la ley reformada pudiera seguir atentando contra el derecho al trabajo, provocando distorsiones en la economía del Estado Aragua, generando inflación, desempleo y desmejorando la calidad de vida del pueblo”.
“El Consejo Legislativo del estado Aragua debió convocarnos y escucharnos, así como a todas las demás compañías afectadas, pues estamos seguros de que podemos aportar soluciones para todas las empresas que hacemos vida en el estado, que en este momento nos encontramos en una situación de incertidumbre y pérdida de competitividad con respecto a otras regiones del país, al enfrentarnos a obligaciones de pago desproporcionadas”, explica.
Recuerda que tras una medida de cierre arbitraria y desproporcionada, la agencia de Cervecería Polar ubicada en Maracay lleva 60 días cerrada, impactando negativamente a más de 400 familias que dependen de los 181 trabajadores, 80 proveedores y 144 clientes de la instalación, quienes están sufriendo un impacto económico en su operación.
“Empresas Polar continúa abierta al diálogo para seguir generando bienestar al país y aportando soluciones económicas y sociales, como siempre lo ha hecho”, destaca Planchart.
Agregó que “la empresa no se niega a cumplir con las obligaciones que tiene como agente económico, sin embargo defiende sus derechos como contribuyente, los cuales suponen el respeto de la proporcionalidad de las tasas”.
