Agentes del Grupo Especial de Fronteras de Brasil han retornado este jueves a su país sin los cuerpos de los dos ciudadanos quemados vivos el martes en la localidad boliviana de San Matías, a 800 kilómetros al este de Santa Cruz, ante la ausencia de delegados del Ministerio Público de Bolivia.
Los brasileños Rafael Max Díaz, de 27 años, y Jefferson Castro Lima, de 22, fueron linchados por una turba que los arrebató de las celdas policiales, donde estaban detenidos acusados de matar a tres bolivianos en un local nocturno de San Matías la madrugada del martes.
Cerca de 300 personas rebasaron a 15 policías y sacaron a los brasileños para castigarlos, rociarlos de gasolina y quemarlos vivos. Los vecinos explicaron que están cansados de tanta impunidad: los delincuentes eran detenidos e inmediatamente volvían a las calles. Los dos brasileños tenían antecedentes policiales y estaban considerados como delincuentes peligrosos.
El ministro del Interior, Carlos Romero, que estuvo unas horas en San Matías, se mostró sorprendido por la violenta reacción ciudadana y por la entrada en el país de forma irregular de brasileños con antecedentes delictivos, según recoge el diario español El País.
Romero hizo notar que la frontera de esa localidad con Brasil se extiende a lo largo 350 kilómetros, con 10 puestos fronterizos a cargo de dos funcionarios de migración y un cuartel policial con 10 agentes.
La Cancillería brasileña ha expresado su repudio por el linchamiento de dos compatriotas y ha pedido al Gobierno boliviano celeridad y rigurosidad en las investigaciones.
CRISIS VECINA
Las relaciones entre Brasil y Bolivia ya atravesaban una crisis diplomática por la negativa del Gobierno de Evo Morales a otorgar un salvoconducto al senador de Convergencia Nacional Roger Pinto, al que Brasil concedió en junio el asilo político y que se encuentra aún en la sede de la Embajada de Brasilia en La Paz.
La decisión brasileña de conceder asilo a Pinto fue calificada de “desatinada” por el vicepresidente Álvaro García Linera. Varios ministros lamentaron que el embajador Marcel Biato se haya convertido en “vocero” de Pinto y parlamentarios oficialistas han mencionado que la legación diplomática corre el riesgo de convertirse en “refugio de delincuentes”, ya que que Pinto tenía pendiente una decena de juicios por delitos comunes.
EFE
