Cinco comunidades de la Amazonía peruana están siendo amenazadas debido a la superposición de las industrias extractivas, como minería e hidrocarburos, en los territorios ancestrales de estas poblaciones indígenas.
Así se desprende del Primer Informe Semestral de Conflictos Socioambientales del Observatorio Amazónico “Vigilante Amazónico”, que hizo un seguimiento a ocho conflictos socioambientales en cuatro regiones de la Amazonía: Napo (Loreto), Bagua (Amazonas), Lamas (San Martín) y Satipo (Junín).
“Se ha puesto en amenaza la integridad de los pueblos indígenas. Las cuatros zonas donde trabajamos han sido afectadas en casos de superposiciones de proyectos extractivos en las zonas de las comunidades. Las afectaciones tienen que ver con concesiones mineras, petroleras y en algunos casos, industria forestal en territorio de comunidades nativas”, explicó el antropólogo Miguel Valderrama, integrante del observatorio.
En Amazonas, la minera Afrodita y la petrolera Maruel et Prom son consideradas una amenaza para el pueblo awajún y wampis. En Satipo, Junín, se superponen los lotes 57 (REPSOL), 131 (CEPSA Perú S.A.), 108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras Energía Perú S.A.), y 174 (Tecpetrol Lote 174 S.A.C.).
El informe señala que el desarrollo del lote 57 está integrado a las actividades que se realizan en los lotes N° 56, 58 y 88, esto ha generado preocupación en el pueblo asháninka.
Mientras que en el territorio del pueblo Kichwa en Loreto – Napo, van más de dos años desde que las comunidades de la cuenca media y baja del río Napo vienen realizando reclamos y denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal del río Napo.
En la región San Martín, el pueblo Kechwa experimenta un estado de alerta constante en relación a la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), ya que hasta el momento, y a lo largo de todo el proceso de creación de la ACR, los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia.
La ACR – RE fue creado por el gobierno regional de San Martín sin llegar a acuerdos sobre los límites del área de conservación y sin tomar en cuenta que ahí vivían comunidades indígenas. La falta de información y el desconocimiento de parte de los funcionarios del gobierno regional han originado desencuentros entre los representantes indígenas y las autoridades.
“Esta zona de San Martín es una zona productiva de café y es territorio codiciado por diferentes actores como inmigrantes, colonos, traficantes de madera. Actualmente el territorio está custodiado por guardabosques que restringen el paso de los pobladores”, dice Valderrama.
El denominador común de los casos de conflicto es la falta de acercamiento de las comunidades indígenas al proceso de consulta, indica el informe.
“El Estado está teniendo una posición ambigua. En Amazonas, en la comunidad awajún, por ejemplo, mientras por un lado el Estado trabajó con las comunidades indígenas la conformación de un área de conservación, al concluirse el proceso, después de varios años de trabajo, las comunidades se encuentran con que el área se vio recortada en un 40%. Días después empezaron a haber concesiones mineras en la zona”, añadió.
Por ello, el representante del “Vigilante Amazónico” consideró que “es un Estado esquizofrénico que por un lado apoya con oficinas o ministerios de inclusión con las comunidades nativas y, por el otro, va por encima del proceso”.
Indican que en medio de la reciente aprobación de la Ley de Consulta Previa, los pueblos indígenas se han visto excluidos de las decisiones que toma el Estado sobre sus territorios.
Una de las recomendaciones del Informe es que “el Estado debe atender y entender la dinámica de los pueblos, las relaciones sociales y la necesidad de una información adecuada que apunte a una gestión sostenible de los territorios. Es importante que el Estado construya mecanismos de información que sean transparente e interculturales”.
RPP
