A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó posición ante las sanciones impuestas a 185 extrabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por la presunta comisión de daños contra el patrimonio nacional durante el paro cívico y petrolero de los años 2002 y 2003.
En el texto se expresa el repudio de la MUD a "la imposición de sanciones con base en criterios de retaliación política, así como toda desviación de poder dirigida a castigar a quienes ejercieron un derecho constitucional".
Lea el comunicado completo a continuación:
La Mesa de la Unidad Democrática rechaza las sanciones recientemente impuestas a ex trabajadores de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), que han pretendido ser justificadas aduciendo supuestos daños ocasionados a las instalaciones de la empresa petrolera y al país, durante el paro petrolero que tuvo lugar a finales del 2002 e inicios del 2003.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha pronunciado manifestando que, de acuerdo con los principios laborales internacionales y con el propio orden jurídico venezolano, el “paro cívico” llevado adelante por trabajadores de la empresa petrolera venezolana representó una manifestación del derecho a huelga.
Los daños que de manera comprobada haya causado alguna persona a las instalaciones de PDVSA deben tener las consecuencias legales que correspondan, mediante procedimientos respetuosos del debido proceso y decisiones adoptadas con imparcialidad. Pero no es aceptable que de manera indiscriminada y desproporcionada se sancione a todo trabajador que haya participado o haya tenido papel destacado en dicho paro petrolero, que la propia OIT calificó como el ejercicio de un derecho humano.
Además, se ha denunciado que, en instalaciones de PDVSA entregadas en perfecto estado, algunas con actas formales, los incidentes o perjuicios se suscitaron cuando la presidencia y nuevos gerentes, designados por el Gobierno Nacional, tenían control de las instalaciones.
Repudiamos la imposición de sanciones con base en criterios de retaliación política, así como toda desviación de poder dirigida a castigar a quienes ejercieron un derecho constitucional.
La Mesa de la Unidad Democrática, siempre orientada por un espíritu respetuoso de los derechos constitucionales de los venezolanos, deplora la imposición de sanciones violatorias del derecho a la huelga y al debido proceso.
