El abogado colombiano Rafael Nieto sostuvo que las fronteras y límites no deben estar en manos de terceros, sino ser fijadas entre las partes, hecho que siempre fue considerado por Colombia como desfavorable para los países firmantes del Pacto de Bogotá.
En diálogo con RPP Noticias, sostuvo además que ‘denunciar’ al Pacto de Bogotá, como hizo hoy el gobierno de Juan Manuel Santos, es un derecho establecido en una cláusula de este mismo tratado internacional.
Recordó que en 1995, los asesores le recomendaron al gobierno colombiano denunciar el Pacto, pero no se hizo, y ‘ahora se hace, pero más vale tarde que nunca’.
“Las fronteras y límites no deberían estar en manos de terceros -las cortes internacionales son terceros-. Estas cosas deben arreglarse por acuerdo entre las partes”, señaló.
Negó que la renuncia al Pacto de Bogotá implique el desacato del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo con Nicaragua.
“No hablamos de desacatar nada. Yo he dicho que la palabra acatar o desacatar no existe en el vocabulario en relación con estos problemas. Existe el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas que los estados tienen que ejecutar los fallos, y este es un fallo que ya está ejecutado”, afirmó.
Según explicó, la Corte publicó un mapa en el cual se establece concesión de áreas marina y submarinas a Nicaragua.
Además, dice que los derechos de Nicaragua son solo económicos y de explotación de recursos del agua, que se llama zona económica exclusiva y de explotación de recursos de la plataforma continental de áreas marinas y submarinas.
“Ahí no hay soberanía, es mar abierto, hay libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, de tender cables submarinos, pero ningún derecho soberano existe”, reiteró.
Nieto aseguró además que Colombia nunca aceptó la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), incluso al inicio de esta controversia se demandó este aspecto.
“Colombia cuando fue demanda por Nicaragua, presentó excepciones preliminares que le decían a la Corte que no era competente, pero la Corte decidió que si era competente, en virtud a Pacto de Bogotá, pero como Colombia estaba vinculado al Pacto, tenía que obedecerlo”, señaló. RPP