Carmona-Borjas: Gato por liebre en Honduras
El diputado y aspirante a la candidatura presidencia del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal Hidalgo, pretende presentarse ante el pueblo y sus correligionarios como un luchador contra la corrupción y como ajeno a los grandes negocios turbios que han caracterizado a su familia en las últimas décadas.
Los hechos, la cruda realidad, lo desmienten: se ha valido de su condición de parlamentario y de tener acceso al manejo de poderosas empresas de comunicación social para violar la ley y para evadir las sanciones que le han impuesto los órganos de la justicia. Si bien como todo ciudadano hondureño tiene derecho de manifestar y luchar por concretar tal sueño, la moral y el buen hacer de la política son los principales obstáculos.
Son muchos los ejemplos de mala praxis ciudadana que llenan el libro de vida del aspirante lanzado por el Movimiento Liberal Yanista, en el que el yoísmo y el narcisismo son apenas el preludio de ejecuciones presidenciales que se caracterizan por el culto a la personalidad, la autocracia y el me da la gana que tanto daño han causado a América Latina. En concreto Yani tiene cuentas pendientes con la justicia que sólo son explicable por la lentitud con la que el Estado hondureño aplica las leyes y las sentencias, y la capacidad de ver para otro lado que tienen algunos funcionarios. Por ejemplo, resulta inexplicable y vergonzoso que hace dos años la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia aplicó una multó de 35,5 millones de lempiras a la empresa Cementos del Norte, S. A, propiedad de la familia de Yani, por estar incursa en prácticas colusorias y restrictivas de la competencia, la fijación de precios y el reparto ilegal del marcado.
Cenosa todavía no ha pagadoel monto de la sanción, pero Yani ofrece crear 200.000 empleos si llega a la primera magistratura. Los hondureños saben que las prácticas monopólicas no crean trabajo, sino todo lo contrario, benefician a pequeños grupos y estrangulan la libre competencia. Lo hondureños le agradecerían infinitamente pagar los 35,5 millones de lempiras que se necesitan para atender las escuelas y los centros deportivos de las comunidades menos favorecidas.
Tampoco la empresa Cable Color, propiedad de la familia de Yani Rosenthal, ha pagado las deudas que tiene con la compañía Hondutel por el uso del cable submarino, que data desde que Yani era ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Cable Color también ha sido denunciada por robar equipos e insumos a Hondutel y por operar miles de “líneas grisis” con lo que afecta gravemente los ingresos y el patrimonio de una de las fuentes de financiamiento más importantes del Estado hondureño: Hondutel, que por esta causa atraviesa una grave crisis económica. Hondutel para colmo jamás ha impuesto siquiera una sanción administrativa a Cable Color a pesar de habérsele demostrado que usaron más de mil de sus líneas para el tráfico gris y para aquél funcionario que ose denunciar alguna de sus fechorías se arriesga a ser blanco diario de los ataques más calumniosos en los medios de comunicación que los Rosenthal poseen. Un gobierno de Yani podría privatizar Hondutel con la excusa de que está quebrada y ponerla en manos de sus familiares.
La Editorial Honduras, que es la propietaria del diario El Tiempo, le debe al fisco más de 80 millones de lempiras y está involucrada en delitos establecidos en la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, según una denuncia presentada ante el Ministerio Público. Los propietarios de El Tiempo y miembros a su vez del consejo de administración del Banco Continental, junto con los directores de ese medio de comunicación Manuel Gamero y Cesar Rosenthal Hidalgo son acusados de publicar reiterativamente un documento reservado por la ley, lo que implica el delito de infidencia. Yani es socio del Banco Continental y no puede rehuir su responsabilidad.
El diario El Tiempo ha sido acusado por el propio sindicato que agrupa a los empleados del medio de comunicación de irrespetar los derechos laborales, de reincidir en la práctica de los despidos injustificados, de negar el pago de horas extras, de negarse a pagar las prestaciones y de amenazar con violencia y despidos a los que obreros y empleados a que manifiestan su voluntad de incorporarse a la organización gremial. Pretende ahora crear un sindicato paralelo genuflexo a sus pretensiones oligarcas. Tampoco paga de manera regular la cuota que le corresponde al Instituto Nacional de Formación Profesional y ha llegado a deber más de 3 millones de lempiras. Muchas de esas deudas fueron condonadas por Yani Rosenthal Hidalgo cuando fue ministro de Manuel Zelaya.
GLOBOVISION