Los ciudadanos acusan ya nítidamente los recortes en sanidad. El gasto en salud ha caído un 10,6% en tres años. O lo que es lo mismo: 6.700 millones de euros se han evaporado de los presupuestos sanitarios de Gobierno y comunidades desde 2010. Las Administraciones, que tratan de cuadrar el puzle de sus exprimidas cuentas, han reducido personal sanitario, recortado en servicios de salud o apostado por enviar a casa a algunos médicos y enfermeras de guardia con un móvil para que acudan si hay alguna urgencia, en vez de pagar su guardia presencial completa. Hasta en el material de decenas de ambulatorios y hospitales se refleja el recorte: hay menos y de peor calidad, según denuncian profesionales y pacientes. El hachazo, que supone 150 euros menos por habitante, será, además, mayor: Cataluña y País Vasco aún no han aprobado sus cuentas para 2013, pero han anunciado que caerán.
El presupuesto para sanidad nunca fue muy holgado —la suma del gasto para la pública y la privada en España, unos 2.200 euros por habitante al año, es 1.000 euros menor que el de países como Holanda, Alemania o Bélgica—. Pero desde el primer tijeretazo en 2010 no ha dejado de caer. En algunas comunidades con más fuerza, como en Extremadura (un 22,8% menos), Murcia (21%), Castilla-La Mancha o Aragón. Aunque el descenso es generalizado, según los datos entregados por las autonomías al Ministerio de Hacienda —el mordisco afecta también a las cuentas de Andalucía, que hasta ese ejercicio se habían mantenido indemnes—. Y tras las cifras hay escenas muy reales: los pensionistas pagan ya por los fármacos, las medicinas son ahora más caras para la mayoría de la población, que tendrá que pagar también por ir en ambulancia a un tratamiento no urgente.
Las Administraciones juegan con una ventaja: mientras el ahorro se mide año a año, su efecto sobre el estado de salud de los ciudadanos no es tan inmediato. La mala atención de hoy se verá en las cuentas de dentro de unos años. Hablan de medidas de eficiencia y de ahorro en vez de recortes y aseguran que la atención no se ha resentido. Pero profesionales y pacientes no piensan lo mismo. Este domingo, muchos de ellos se manifiestan en ciudades de toda España en una gran marea blanca nacional contra la privatización y los recortes.
Estos son algunos de los agujeros que están dejando las afiladas tijeras de los gestores.
Sin ambulatorio de tarde
Los extremeños que se pongan enfermos por la tarde, o que trabajen por la mañana y necesiten una consulta médica en sus horas libres, tienen que ir directamente a urgencias. Desde junio de 2012, el Gobierno de Extremadura ha reducido el horario de todos los centros de salud, que ya solo abren hasta las 15.00. Fórmula que repiten otras regiones, como Cantabria, que ha recortado el servicio vespertino de 29 de sus 42 ambulatorios. “Como si ponerse enfermo tuviera hora”, critica Luis Palomo, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura. Pero para Yolanda Pizarro, funcionaria de 49 años, “tristemente” sí hay horarios. “Tenemos tres días de libre disposición al año. Si necesitamos faltar más nos lo quitan de la nómina. Que no haya centros de salud por la tarde es un trastorno enorme”, asegura desde Coria.
En la Consejería de Sanidad de Extremadura aseguran que la medida responde a un plan de eficiencia. “Se instauró tras comprobar que la cifra de usuarios que acudía a citas por las tardes era muy escasa y no justificaba la permanencia del servicio”, expone una portavoz. También en la Consejería de Sanidad de Cantabria hablan de racionalización. Y aseguran que, por las tardes, los ambulatorios solo atendían a un 8% de la actividad. Con la reducción horaria, apuntan, se han ahorrado 2 millones de euros en esa comunidad.
Luis Tobajas, médico de familia de Cáceres, no cree que recortar horarios sea una solución. “Supone una tasa-castigo por ir al médico, y hará mella en la salud de los pacientes. Algunos que lo necesiten no acudirán”, dice. Además, las actividades complementarias —ecografías, cirugía menor— que se hacían en estos centros por la tarde, el horario más desahogado, están desapareciendo. Algo que preocupa a los profesionales, que temen también que la afluencia a urgencias se esté disparando. En Extremadura no hay datos de ello. En Cantabria, las autoridades afirman que no ocurre.
De guardia pero en casa
Médicos y enfermeras de toda España han pasado de dormir en el hospital a pasar la guardia en casa, pero con el móvil encendido. Administraciones como la de Castilla-La Mancha o Murcia han cambiado algunas guardias presenciales por localizadas. Esta última modalidad se paga al 50% y tiene menor derecho a libranza. Un portavoz de la consejería murciana explica que la medida, que obedece a un plan de reorganización, afecta a pocas guardias.
Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de enfermería Satse, critica el cambio. “Si hay una urgencia complicada no es lo mismo estar allí que tener que desplazarse. Obviamente se tarda más; y, cuanto antes intervengas, menor riesgo hay de complicaciones”, dice.Centros de Castilla-La Mancha también usan ese sistema, aunque fuentes del servicio de salud de esa comunidad (Sescam) recalcan que trató de consensuarse. “Se hizo en función de las necesidades especiales de los servicios y no ha generado problemas”, incide una portavoz.
Larga espera para operarse
Alfonso Rodríguez lleva ocho meses esperando para ser intervenido de una adenomectomía prostática en el Complejo Hospitalario de Toledo. Y 10 con una sonda para eliminar la orina, que se va filtrando en una bolsa que lleva adosada a la pierna. Antes, este hombre de 82 años recorría cinco kilómetros en bicicleta todos los días para ir desde su parcela en Yeles (Toledo) a comprar el pan. Ahora, su bici blanca y azul descansa en el porche. “Ya no puedo hacer nada. Cada vez que me muevo me duele o se me sale la sonda”, se queja. Cuenta junto a su mujer, Sofía, que apenas conocieron el colegio y que desde pequeño trabajó como caballista. La actividad le ha mantenido en forma, pero desde que lleva la sonda se ha resentido y ha cogido tres infecciones de orina.
Su caso es cada vez más común en toda España, donde la demora para operarse se ha disparado. Los pacientes ahora aguardan 76 días de media. Aunque el servicio de algunas regiones supera con creces ese plazo. Pero en todo el país la cifra de ciudadanos que llevan más de seis meses esperando para intervenirse, como Alfonso, se ha disparado un 178%.
Fuentes del Sescam —Castilla-La Mancha, Extremadura o Cataluña acusan más el deterioro— aseguran que se están analizando con los profesionales fórmulas para desahogar la espera y agilizar las derivaciones. Pero lo cierto es que el problema se ve agravado en todo el país por los cierres de plantas hospitalarias (como en Cataluña) y los recortes de personal. Apenas se renuevan contratos, no se cubren las jubilaciones y solo hay suplentes para bajas largas.“Fíjate en el huerto”, comenta el hombre señalando su tierra ahora ociosa. “Cultivaba tomates, judías, garbanzos... Nosotros comemos también del campo y este año no hay nada”, lamenta. Con su pensión, que no llega a 700 euros, viven su mujer y él; y ahora, además, debe cubrir parte de los fármacos, las bolsas de orina y las sondas. “No hay derecho. Parece que porque es mayor le tratan como a un cacharro viejo. Cada día empeora”, suspira su hija Marisa.
Cribado reducido
Murcia ha reducido la franja de edad de su programa poblacional de detección de cáncer de colon. El plan, que revisaba a los ciudadanos de entre 50 y 69 años, y que desde hacía años se estaba extendiendo por la región, se dirige desde finales de 2011 solo a las personas de 65 a 69. “No había fondos para llegar a todo, así que se hizo un estudio para ver cómo se podía hacer de manera más eficiente”, explica un portavoz de la consejería murciana. Este programa de cribado poblacional no está implantado en todas las autonomías. Solo siete lo hacen —en otras cinco está en fase piloto—, aunque la franja de edad que utilizan en todas es de 50 a 69 años.
“El cáncer de colon es el más frecuente, y el cribado es fundamental. Es una enfermedad en la que pasa mucho tiempo desde que se inicia la lesión hasta que aparece el cáncer; y ese plazo permite que se pueda detectar y resolver a tiempo”, indica.Ana Pastor, médico y coordinadora de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, lamenta el recorte.
Los pacientes pagan más
El recorte en el capítulo de farmacia es, sin duda, el que más rápido está notando el ciudadano. En el bolsillo. El aumento del copago farmacéutico, decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado abril, fijó que los pensionistas pagaran, por primera vez, por sus medicinas. Además, estableció tramos de pago por renta para el resto de los ciudadanos, que ahora abonan entre el 40% y el 60% de los fármacos (antes todos pagaban el 40%). No es la única medida: el 1 de septiembre, más de 400 fármacos de uso común dejaron de financiarse. Se pueden seguir recetando, pero los pacientes tienen que cubrir el coste total de estos antitusivos, laxantes o mucolíticos. Un coste, además, mayor, porque el precio de decenas de ellos se ha incrementado.
Mariano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, alerta de que estas medidas pasan factura a la salud de la población. Asegura que muchos pacientes están dejando de comprar los fármacos que necesitan porque no pueden pagarlos. “Y pasará lo mismo con las prótesis o el transporte sanitario no urgente”, apunta. “Estas tasas son una barrera de acceso para los segmentos de población en peor situación; un grupo que con la crisis y el paro no deja de crecer”, incide.
El Gobierno no cree que estas medidas —que con otras en el capítulo de medicinas han supuesto 1.400 millones menos en el gasto en farmacia— repercutan en la salud de los ciudadanos. “Se han establecido criterios de equidad que antes no existían. Ahora paga más el que más tiene”, dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato. Desde su departamento recuerdan que los parados sin prestación, por ejemplo, ahora tienen fármacos gratis.
Puebla de la Sierra, con su centenar de habitantes, es el municipio más aislado de la Sierra Norte de Madrid. Para llegar al pueblo más cercano, Prádena, hay que recorrer 18 kilómetros a cotas superiores a los 1.600 metros. La carretera a veces queda cortada por la nieve. “El año pasado el helicóptero hizo cuatro salidas para atender a vecinos de este pueblo”, explica Aurelio Bravo, el alcalde. Dos ictus, un infarto y una angina de pecho. Es el mismo helicóptero sanitario, equipado como una UVI, que ahora la Comunidad de Madrid quiere suprimir para ahorrar 700.000 euros al año. Solo quedaría en toda la región el otro, con base en Las Rozas. El Gobierno regional dice que es suficiente.El médico más lejos
Medidas parecidas a esta, y que alejan también a los habitantes de municipios aislados de los profesionales sanitarios, se repiten en otras regiones. En Castilla y León, Extremadura o Cataluña decenas de servicios de urgencias rurales ya no abren durante la noche. Castilla-La Mancha pretende hacerlo también en 21 centros, pero los cierres están suspendidos a la espera de que los tribunales se pronuncien a los recursos que varios ediles han presentado.
En Madrid, los alcaldes de la Sierra Norte tampoco se han quedado de brazos cruzados. Esta semana se han reunido con el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, para tratar de hacerle recapacitar.
Un estudio de técnicos del servicio de emergencias de Madrid contabilizó que en 2012 los dos helicópteros coincidieron en vuelo en 28 ocasiones. La Consejería de Sanidad dice que solo fueron 17. “Suponiendo que sea así, significa que el año pasado se podrían haber perdido 17 vidas. ¿Qué precio tiene una vida para la Comunidad de Madrid?”, se pregunta el alcalde Bravo, que como otros 27 de los 42 ediles de la sierra es del Partido Popular.
Material deficiente
Decenas de diabéticos de toda España aseguran que cada vez reciben menos tiras reactivas para medirse la glucosa. Estos dispositivos son de dispensación ambulatoria y no se pueden comprar. “En algunas comunidades, como Navarra, son un poco más generosos; pero desde noviembre no nos dan todas las que necesitamos”, asegura Angel Cabrera, presidente de la Federación de Diabéticos de España. No es su única queja. Los servicios de salud de varias autonomías, como Madrid, han recibido reclamaciones sobre la calidad de las agujas con las que deben pincharse la insulina.
Una portavoz de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid —una de las regiones donde ha habido quejas— niega que se haya recortado en tiras reactivas; tampoco en la calidad del material adquirido. “Las agujas que se adquieren para los centros de salud cumplen con todos los criterios de calidad y están acreditadas por la Agencia Española del Medicamento”, aseguran.
En este caso son las tiras y las agujas, pero los sanitarios de otras regiones, como Aragón o Cataluña, aseguran que el material —gasas, jeringas, absorbentes— les llega a duras penas y que su calidad ha caído. “Con los guantes hemos tenido verdaderos problemas, se rompían mucho”, afirma un médico aragonés.
En Navarra se ha notado en la comida de los enfermos. A finales de enero, esta comunidad externalizó el servicio de cocinas. Ahora una empresa se hace cargo de los menús de todos sus hospitales. La calidad disminuyó, y las críticas de los pacientes empujaron a la consejería a dar un toque de atención a la compañía.
Con información de E. G Sevillano.
