Lo que unas horas antes parecía encauzado amenaza con irse al traste este domingo. El Gobierno chipriota alcanzó el sábado un preacuerdo con los tres organismos que deben prestarle 10.000 millones (Comisión Europea, BCE y FMI). Eran condiciones muy duras, pero Nicosia parecía dispuesta a aceptarlas para evitar el abismo al que se asoma. Pero la situación se ha complicado en las últimas horas. "Las negociaciones están en un momento muy delicado. La situación es muy difícil y los plazos, perentorios", aseguró en un comunicado el portavoz del presidente Nikos Anastasiadis.
Los chipriotas culpan al Fondo Monetario Internacional (FMI), "que presenta nuevas exigencias cada media hora", de las dificultades, señalan fuentes mencionadas por la agencia CNA. Según esta versión, el organismo que encabeza Christine Lagarde estaría reclamando que el Banco de Chipre, el mayor del país, corra la misma suerte que Laiki, la segunda entidad por tamaño. Tras desaparecer para dividirse en un banco bueno y otro malo, los ahorradores de Laiki con más de 100.000 euros no recuperarán su dinero en años, y nadie sabe si acabarán por perderlo todo. "¡Esto es muy importante! Si fuera así, se desataría el caos", apunta una fuente no oficial del Gobierno.
El enrarecimiento de las conversaciones se produce el mismo día en el que el Eurogrupo se reunirá en Bruselas para estudiar el acuerdo que debe alcanzarse antes del martes. El Banco Central Europeo (BCE) ha amenazado con que si para entonces no se ha pactado el rescate dejará caer al sistema financiero chipriota. El presidente Anastasiadis ha salido a primera hora de la mañana rumbo a Bruselas para participar en las negociaciones.
El pacto al que Nicosia llegó el sábado con la troika incluía una reestructuración del sistema financiero en el que quedarían libres de toda carga los ahorradores con menos de 100.000 euros. El coste para los que superen esta cifra dependería de la entidad en la que tuvieran su dinero: pérdidas masivas para los de Laiki, una quita del 20% para los del Banco de Chipre; y del 4% para el resto de entidades. El Gobierno tendrá, además, la potestad de imponer control al movimiento de capitales. Tras una semana de anuncios, rectificaciones, rechazos y titubeos solo faltan unas horas para saber si este plan es, al fin, el definitivo.
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