El juez Fernando Andreu, que investiga el caso Bankia, ha decidido admitir a trámite la querella de UPyD por las participaciones preferentes, así como ha solicitado la comparecencia de varios directivos de Caja Madrid y Bancaja relacionados con la emisión y comercialización de estos controvertidos productos. Sin embargo, ha rechazado la petición de llamar a declarar al gobernador del Banco de España en aquel momento, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del resposanble de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.
Fernando Andreu investigará el diseño implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes tras admitir a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia y los responsables de los órganos de supervisión y regulación.
Según especifica en un auto hecho público este lunes, el magistrado investigará por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. "Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.Andreu explica que los delitos mencionados son competencia de la Audiencia y, tras recordar que el caso está en la fase inicial de la investigación, apunta que "de verificarse en fase de instrucción indicios racionales sobre la comisión de los hechos que son objeto de denuncia, no puede descartarse su relevancia penal". "Y aún menos sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial", añade.
El ministerio público admitió que los bancos y cajas pudieron incurrir en “graves deficiencias en su comercialización” y que “incluso" primaron sus propios intereses por encima de los de sus clientes. Sin embargo, el fiscal cree que “esta actuación no es suficiente para generar el engaño bastante exigido” por la estafa y, por tanto, recurrir a la vía penal. Por el contrario, la vía civil, según Anticorrupción, es “mucho más idónea para dar una respuesta satisfactoria a los adquirentes de participaciones preferentes”. Así, la Fiscalía optaba de forma clara por este camino con el argumento de que la dificultad para atribuir responsabilidades penales por estos casos es “extraordinaria”.
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