Un grupo de ancianos se ha convertido en el símbolo de la reivindicación social en Nicaragua, al plantar cara al Gobierno de Daniel Ortega y tomar las instalaciones del Instituto de Seguridad Social (INSS), un edificio de cristal en el viejo corazón de Managua, escenario de una protesta pacífica que desde hacía años no se veía en este país, y que fue reprimida con fuerza por la Policía Nacional.
Aglutinados en la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), unos cinco mil ancianos exigen al Gobierno de Ortega la entrega de una pensión mínima por toda una vida de trabajo. El monto que demandan es irrisorio, unos 50 dólares al mes, más ayudas en medicinas y equipo como sillas de ruedas. Hasta ahora el Gobierno se ha mostrado indolente a estas demandas y el miércoles mostró su cara más represiva al enviar a decenas de policías con la orden de desalojar a la fuerza las instalaciones del INSS.
“No les importa lo que nos pase”, repetían los ancianos a los periodistas que intentaban dar cobertura a su manifestación, un trabajo impedido por la Policía Nacional, que golpeó a varios reporteros. “Van a terminar matándolos”, dijo Rosa, una mujer delgada que culpaba directamente a Daniel Ortega de la represión. “¿Dónde está Aminta Granera?”, se preguntaba, en referencia a la jefa de la Policía Nacional de Nicaragua.
Desde su llegada al poder en enero de 2007, Daniel Ortega ha mantenido un discurso populista cuyo lema oficial canta en pancartas y enormes carteles plantados por toda Managua: “Arriba los pobres del mundo”. La protesta de los ancianos, sin embargo, es un duro golpe a ese discurso oficial, al desnudar la indolencia del Gobierno hacia un grupo vulnerable. La protesta, bautizada en las redes sociales como OcupaINSS, ha calado profundamente entre los nicaragüenses, por lo general reacios a participar en manifestaciones.
Desde que el lunes pasado los ancianos lograron entrar al edificio del INSS, jóvenes y organizaciones civiles han organizado colectas de dinero, agua y víveres para entregar a quienes aquí llaman con cariño “los viejitos”. Esta movilización ha cabreado al Gobierno, que ordenó aplastar la manifestación y desalojar a la fuerza a los ancianos. Las escenas en las inmediaciones del INSS eran conmovedoras: señoras de la tercera edad enfrentándose a jóvenes policías que sin mayores dificultades las arrastraban; señores con muletas siendo golpeados por los policías; la mayoría, sitiados dentro del edificio, con el agua cortada y sin la posibilidad de recibir comida. Vecinos del inmueble intentaron entregar alimentos a través de los techos de las casas, pero la orden oficial fue subir a los policías a los tejados para evitar el avituallamiento.
Las denuncias de abusos se regaron por las redes sociales y creció una convocatoria que cuajó con jóvenes movilizándose hasta las cercanías del INSS, donde forcejearon con los cordones policiales para romper el cerco y dar agua a los ancianos. La policía respondió con gases lacrimógenos y golpeando a los manifestantes. Varios fueron apresados. La noche del miércoles, decenas de personas realizaron una vigilia en el lugar, entre ellos Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega y quien lo acusó en 1998 de abusar sexualmente de ella desde que era una niña. Narváez había guardado silencio por años, hasta hace unas semanas que apareció públicamente denunciando que el Gobierno, por orden de Ortega, había presionado a países cooperantes como Noruega para que dejen de ayudar financieramente a la ONG de Narváez. Ayer, sentada en una acera, la mujer compartía la indignación de un grupo cada vez mayor de nicaragüenses por el maltrato gubernamental a los ancianos. “Ortega lo que quiere es más represión. ¿No es cobardía que a mi edad tengan miedo y me manden policías a callarme?", dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La madrugada del jueves, mientras muchos de los que apoyaban a los ancianos se habían retirado, oficiales de la Policía entraron al edificio del INSS, cargaron contra los ancianos que se encontraban dentro y los metieron a la fuerza en autobuses. Algunos fueron trasladados a hospitales de la capital, pero otro grupo decidió regresar al símbolo de su protesta y continuar demandando el derecho a su mísera pensión de 50 dólares. De paso, despiertan a todo un país. “Lo que ha sucedido ahora es algo inédito. Los viejitos locos que andaban por las calles ya no lo son más. A fuerza de perseverancia y dolor, se ganaron el respeto y la admiración de todos y han provocado una de las olas de solidaridad más grandes que protesta alguna haya despertado en el país”, escribió el periodista Fabián Medina.
EL PAIS