La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en el marco del trabajo que adelanta la Comisión por la Justicia y la Verdad, existen 146 investigaciones relacionadas con los casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en el período 1958 -1998.
Durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, aclaró que cada expediente puede estar referido a más de una víctima, como los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.
Añadió que existen más de 1.635 denuncias sobre casos de desaparecidos y asesinados en la referida época.
Entre las diligencias de investigación realizadas, Ortega Díaz mencionó la solicitud de 33 exhumaciones ante los tribunales de control, de las cuales 26 se han llevado a cabo, y se han practicado 10 pruebas anticipadas.
También, se requirieron cinco órdenes de aprehensión, dos de ellas ejecutadas contra José Antonio Omaña y Homero Sánchez Araujo, por los casos de Noel Rodríguez y la estudiante Eslaida Vásquez, respectivamente.
De igual manera, se ejercieron cuatro recursos extraordinarios de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la reapertura de expedientes, entre estos los casos de Noel Rodríguez, Víctor Soto Rojas y Jesús Márquez Finol.
Adicionalmente, han sido entrevistadas 224 víctimas directas e indirectas y se han realizado 1.521 solicitudes ante organismos públicos.
Ortega Díaz dijo que en el lapso 1958-1998 en Venezuela se produjeron violaciones a los derechos humanos por motivos políticos; de allí que se practicaron allanamientos, persecuciones, desapariciones, torturas y ejecuciones.
Dijo que en ese entonces no había una instancia que investigara esos hechos, porque el Ministerio Público de la época señalaba que no se habían cometido delitos.
La máxima autoridad del Ministerio Público recordó que este jueves 25 de julio se cumplen 37 años de la muerte del luchador social Jorge Rodríguez, quien fue torturado en la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, caso que forma parte de las investigaciones de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Asimismo, indicó que la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad está contemplada en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, conocida como la Ley contra el Olvido, y que fue sancionada por la Asamblea Nacional.
Dicha Comisión, juramentada el 27 de febrero de este año, funciona en la planta baja de la sede del Ministerio Público, ubicada en la esquina de Manduca a Ferrenquín en la parroquia Candelaria, cuyos números telefónicos son: 0212-408 69 45 begin_of_the_skype_highlighting 0212-408 69 45 end_of_the_skype_highlighting y 408-72 10; además de la línea 0800 V-Verdad (0800- 8837323 begin_of_the_skype_highlighting 0800- 8837323 end_of_the_skype_highlighting).
Informó que los días sábados a la 1:00 P.M. se transmite el programa de la Comisión a través de la emisora Radio Nacional de Venezuela.
Expresó que es importante el rescate de la memoria histórica, para que los jóvenes conozcan lo ocurrido entre 1958 y 1998.
Ortega Díaz explicó que un grupo integrado por 14 fiscales está dedicado a investigar los referidos hechos, y que el resto de los fiscales de la institución está concentrado en la investigación penal de los hechos punibles.
En ese sentido, informó que durante uno de los allanamientos practicados en el marco de las investigaciones, fueron encontrados manuales denominados como legales e ilegales para torturar.
Resaltó que el Estado venezolano trabaja para garantizar los derechos humanos, y en el Ministerio Público se está dispuesto para actuar ante los hechos punibles que ocurran.
Puntualizó que actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actúa apegada a los principios generadores de los derechos humanos, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes.
No obstante, aclaró que si por alguna razón un funcionario viola los derechos humanos se cuenta con los equipos para determinar la responsabilidad y, en consecuencia, pedir las sanciones correspondientes.
Labor de supervisión
La Fiscal General hizo referencia que durante la semana pasada inspeccionó la labor de los despachos fiscales ubicados en el área metropolitana de Caracas, tarea que luego se llevará a cabo en todo el territorio nacional.
Es por ello que hizo un llamado a los fiscales investigadores y de juicio acerca de la importancia de investigar, de practicar las diligencias necesarias para lograr el fin único del proceso que es la búsqueda de la verdad.
Señaló que el Ministerio Público ha dignificado los espacios de las fiscalías, los cuales han sido dotados de herramientas tecnológicas; además se brinda capacitación y formación para los funcionarios respecto a diversos tópicos en áreas fundamentales como la imputación, actos conclusivos y la argumentación jurídica.
Indicó que el fiscal investigador debe estar en la calle, en las subdelegaciones policiales revisando el estado de las diligencias requeridas, porque es quien debe asumir la dirección de la investigación.
