Una semana después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Grupo Clarín presentó ayer en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) un plan de adecuación voluntaria a los topes de la ley de medios validada por el máximo tribunal.
El Grupo Clarín también entregó una copia de su plan de adecuación a la Justicia (ver Infografía de la página 4), donde adelantó seguirá con las acciones legales correspondientes en caso de vulneración de sus derechos durante la aplicación de la ley. De hecho, una medida cautelar impedía la actuación de oficio iniciada por el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, la semana pasada, luego de conocerse la decisión de la Corte.
El plan fue presentado “tras el avance de facto e ilegal de la AFSCA” sobre las licencias otorgadas oportunamente por el Estado a empresas del Grupo Clarín, según se informó en un comunicado.
El Grupo Clarín reiteró además que analiza recurrir a organismos internacionales de justicia para objetar los artículos de la ley que “vulneran abiertamente principios del Pacto de San José de Costa Rica”. Esto es porque esos artículos objetados “encierran supuestos de censura indirecta, silencian y discriminan medios críticos y vulneran derechos adquiridos”, según dice el comunicado.
“Se nos está avasallando bajo la amenaza de una confiscación. Y con ella se estarían vulnerando derechos no sólo de Clarín sino de millones de personas a seguir accediendo a los medios y servicios que libremente eligen”, se añade en el texto.
La propuesta del Grupo Clarín consiste en la división de sus empresas audiovisuales en seis unidades empresariales independientes (ver página 5). En cada una de ellas se respetan los límites establecidos por el artículo 45 de la ley 26.522, validado por la mayoría de la Corte la semana pasada.
La presentación del Grupo Clarín, de más de medio centenar de hojas, “no implica ni puede ser interpretada como una renuncia expresa o tácita a los derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes en la República Argentina” le “reconocen” a la firma, según se expresa en el texto.
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, confirmó la recepción de la presentación y sostuvo que ahora será analizada por un plazo que el reglamento establece en cuatro meses. Luego de ello pasa a ser tratado por el directorio del organismo (ver página 6).
El Grupo Clarín también solicitó al AFSCA que se cumpla “integralmente” la sentencia de la Corte. Esto es porque el máximo tribunal sostuvo que debe garantizarse la actuación de una autoridad de aplicación “independiente, imparcial y con solvencia técnica”, requisitos que hoy para la empresa no están dados. Así, se garantizaría un “tratamiento transparente e igualitario” respecto de los otros grupos de medios audiovisuales existentes en el país, tal los parámetros de lo afirmado por la Corte en su sentencia.
“Estamos convencidos de que en ningún país civilizado el Estado puede desconocer retroactivamente licencias que él mismo otorgó, que tienen varios años por delante. No lo hicieron siquiera países como Venezuela o Ecuador”, expresó el comunicado del Grupo Clarín.
Además, la firma recordó pese a ser el único grupo de medios que fue a la Justicia y logró la suspensión de artículos de la ley “en todas las instancias”, el Gobierno “decidió beneficiar a todo el resto, concediéndoles plazos que no tenían”. “Y ahora pretende quitarle escandalosamente al Grupo Clarín plazos que nunca empezaron a correr. El objetivo es claro: hacerse de los pocos medios críticos que aún quedan en la Argentina”, se agrega en el comunicado.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aclaró ayer al diario Perfil que cuando admitió en un reportaje contactos con el secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, no fue por la ley de medios sino por un tema de narcotráfico. Aún así, le llovieron críticas de varios diputados .
EL CLARIN
