El Palacete de Pedralbes en Barcelona, lujosa residencia de la Infanta Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarin, ha sido embargado junto con otras 15 propiedades por el juez instructor de la causa contra el Duque de Palma por seis delitos por los cuales el fiscal ya adelantó que podría pedir 17 años de cárcel contra el yerno de los Reyes de España.
En la actual etapa de la indagatoria, el palacete se ha convertido en un importante protagonista del resonante escándalo, inédito en la larga historia de la monarquía española, porque el juez José Castro estudia imputar por delitos fiscales y de blanqueo a la Infanta después que se filtrara a los medios el fácsimil de un documento donde aparecen Cristina de Borbón y Urdangarin como arrendadores y arrendatarios, por doce mil euros mensuales, de una parte de la enorme residencia de 1.000 metros cuadrados, sobre un terreno de 2.200 metros, a una de las empresas, Aizóon, que forma parte de la red corrupta.
Hasta ahora la fiscalía del estado, el fiscal de la causa y la Agencia Tributaria sostenían que la Infanta era “inocente” de todo delito ya que no se había enterado de la naturaleza dolosa de las andanzas de su marido.
El juez la imputó hace unos meses pero ante una orquestada campaña al final un tribunal superior rechazó la acusación. Pero después apareció otro documento donde la Infanta participa, con su firma de puño y letra, en un falso contrato en otra empresa de la red, el Instituto Nóos.
Cristina de Borbón es propietaria al 50% de las empresas que forman la red de corrupción mediante la cual Urdangarin se apropió de, por lo menos, más de seis millones de euros en contratos para asesorías y organización de eventos cuya facturación estaba sobrevalorada o no existieron nunca. Buena parte de esos fondos se transfirió a paraísos fiscales.
El magistrado José Castro, al que los vecinos reciben y despiden con aplausos, cada vez que llega o se marcha de la sede de su juzgado, impuso en enero pasado una fianza de 8,1 millones de euros al Duque de Palma y su ex socio, Diego Torres. El juez rebajó esa cifra a 6.100.000 euros pese a lo cual ninguno de los imputados abonó el dinero.
Por eso, el togado embargó nueve propiedades de Urdangarin –además del palacete, viviendas menores en Palma y Terrassa de las que los duques de Palma también son titulares y de depósitos y garajes–, y seis bienes de Diego Torres para cubrir la fianza hasta que finalice el juicio. El embargo afecta los bienes al 50% ya que no puede gravar al cónyuge no imputado, en este caso la hija de los Reyes.
El Palacete se hizo famoso porque fue el emblema del costoso tren de vida del matrimonio, que tiene cuatro hijos. Los Duques compraron la propiedad por 5,8 millones de euros con un crédito de La Caixa, para la que trabaja Cristina incluso ahora que reside en Ginebra. Otros tres millones se gastaron en la instalación, mobiliario y obras de arte que adornan a la residencia.
La inmobiliaria Barcelona Rent Info anuncia en su web la venta de una“Villa de lujo en la zona más prestigiosa de Barcelona”.
Los duques piden 9,8 millones de euros por la propiedad.
La agencia intermediaria se especializa en opulentos clientes de Rusia y Europa del Este que anhelan una segunda residencia en España. Además de la fama añadida por la personalidad de sus propietarios, nada menos que miembros de la familia real española, la inmobiliaria justifica el precio explicando que tiene 7 dormitorios y 10 baños repartidos en tres plantas con una superficie cubierta de mil metros cuadrados.
Precisa el anuncio que la casa cuenta también con chimenea, tres plazas de estacionamiento, bodega y piscina con agua de mar y sistema de cierre. La primera, segunda y tercera plantas están comunicadas por un ascensor y dos escaleras, una interior y otra exterior. También existen una “cocina y despensa amplias”, lavadero y sala de plancha, todo con “elementos de decoración de primera calidad”. La inmobiliaria especifica que la casa se encuentra en “una zona muy aislada, que permite la máxima confidencialidad” y que despliega “una hermosa vista de la ciudad”.
La propiedad se asienta sobre un terreno de 2.200 metros cuadrados, cuenta con un jardín de casi 1.000 metros, su sistema de seguridad incluye circuito cerrado de televisión, sistema de alarma en todo el perímetro y cristales antibalas.
AGENCIA
