Petróleos Mexicanos (Pemex) llega en uno de sus peores momentos al debate de la reforma energética que comenzará en los próximos días en el Congreso mexicano. Al cierre del tercer trimestre, la petrolera estatal informó que en los últimos nueve meses ha registrado pérdidas por 92.584 millones de pesos (7.121 millones de dólares) como resultado de la caída de un 13% de las exportaciones de hidrocarburos, principalmente hacia Estados Unidos. Además, la compañía no logra reponerse de la caída de su producción que es de 2,5 millones de barriles de crudo diarios, el nivel más bajo en 24 años.
El pasado agosto, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la inversión privada –a través de contratos de utilidad compartida-- en la exploración y explotación de los hidrocarburos en México. La propuesta ha sido analizada en los últimos meses en el Senado en un foro en el que han participado tanto el director de Pemex, Emilio Lozoya, así como el fundador de Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda) y opositor de la reforma, Cuauhtémoc Cárdenas.
La administración de Peña Nieto ha insistido en que las pérdidas de la petrolera seguirán hasta que la reforma no se apruebe y la entrada de la inversión privada reanime las finanzas de la compañía. La reforma energética ha esperado su turno para discusión durante dos meses, desde que los legisladores mexicanos iniciaron la legislatura el pasado 1 de septiembre y se concentraron primero en sacar adelante la reforma educativa y –en los últimos días-- a analizar y aprobar la reforma hacendaria.
“Estamos seguros que un periodo muy corto la reforma energética será aprobada”, ha dicho esta semana el director de Pemex, Emilio Lozoya, a la revista económica Forbes. Para lograr los cambios constitucionales, la propuesta de Peña Nieto deberá conseguir tres cuartas partes de los votos de los legisladores. Sin embargo, la discusión y posible aprobación de la reforma energética se ha visto como moneda de cambio entre las diferentes fuerzas políticas, que habían cerrado filas en torno al Pacto por México, un acuerdo para sacar adelante las reformas estructurales.
El debate de la reforma hacendaria ha desgastado la relación entre algunos partidos políticos. El PAN ha denunciado que el PRI no ha valorado las modificaciones propuestas por la derecha para los cambios en la legislación fiscal y ha señalado que revisará su apoyo a las reformas de Peña Nieto. “A nosotros nos hace revalorar precisamente nuestra relación con el mismo Gobierno de Enrique Peña Nieto y por supuesto que modifica y altera los términos e incluso los tiempos que se habían pensado de procesar la reforma energética", ha amenazado este miércoles el senador del PAN, Javier Corral, en una radio mexicana.
La petrolera estatal también llega al debate en el Congreso mexicano en medio de una serie de irregularidades internas. Por un lado, está la detención de 39 trabajadores en Salamanca (Estado mexicano de Guanajuato), el pasado 30 de octubre, acusados de sustraer y abastecer de hidrocarburos de forma ilícita. Un hecho que refleja el robo de producción que la compañía padece y que se suma una fuga de gas de un pozo en el Estado de Tabasco, que desde el 28 de octubre ha causado incendios en una torre de perforación y pérdidas por siete millones de dólares, que podrían aumentar si la fuga no es controlada en las próximas semanas.
Además del déficit financiero y el debate político alrededor de la reforma de Pemex, la petrolera ha enfrentado, en el último mes, el fiasco de no poder licitar la construcción de la segunda fase del ducto transfronterizo Los Ramones, un proyecto que mejoraría el abastecimiento de gas natural desde Estados Unidos hacia México. El plan contempla la construcción de un ducto de 740 kilómetros de longitud desde el Estado de Nuevo León al Estado de Guanajuato con un costo de 1.800 millones de dólares.
Al concurso para su construcción solo se presentó una alianza entre la española Eneagás y la francesa GDF Suez, pero su propuesta fue rechazada el 15 de octubre porque “no reunía los requisitos necesarios” en términos económicos y técnicos. Pemex ha anunciado que TAG Pipelines, una filial de la misma petrolera mexicana, se encargará de la construcción de una primera fase del proyecto y que las propuestas para la segunda fase del ducto serán analizadas nuevamente. La falta de propuestas de varias compañías está relacionada con las condiciones de los contratos con Pemex que piden al constructor un 100% de capital para el proyecto, mientras garantizan solo el 90% de las ganancias.
Los inversores han mostrado su preocupación por la ambigüedad de la reforma energética propuesta por Peña Nieto, que refuerza la presencia de Pemex en los proyectos y garantiza la propiedad de los hidrocarburos al Estado. La petrolera mexicana ha contemplado la posibilidad de ofrecer a las grandes compañías que participan en los mercados de valores, el registro de sus ganancias esperadas ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), para hacer más atractiva la inversión en el sector de hidrocarburos mexicano, si la reforma energética es aprobada.
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