Los ministros de Relaciones Exteriores o funcionarios de rango similar de 18 países americanos aprobaron este miércoles en Montevideo una declaración en la que apuestan a la "universalización" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José").
El canciller uruguay, Luis Almagro, consideró que esa declarción, ratificada al cierre de la III Conferencia de Estados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se inició la víspera, demuestra la flexibilidad que tuvieron los países en la negociación, el espíritu constructivo de la reunión y el consenso alcanzado.
Al comentar los resultados del encuentro, celebrado en un hotel céntrico en Montevideo, el canciller dijo que se dio un "mandato claro a un grupo para que trabaje en los temas de universalización de la Convención".
"Hay países que no son parte, como Estados Unidos y Canadá, y seis o siete del Caribe que tienen un sistema jurídico que no es completamente compatible con la Convención. Tenemos que tener diálogo con ellos para hallar puntos de encuentro para trabajar para hacer posible la ratificación de la Convención", añadió.
El canciller dijo que también se decidió propiciar un diálogo con otros países que podrían integrarse en calidad de observadores.
Según Almagro, otro aspecto importante analizado en la conferencia fue un "informe presentado por Ecuador sobre el equilibrio y balance de las relatorías" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Nosotros fuimos muy firmes en que las relatorías deben aspirar a más y no se debe emparejar para abajo", añadió.
Comentó que, paralelamente, se decidió encomendar estudios para "ver cuáles son los mejores mecanismos jurídicos para compatibilizar todos" los sistema legales en la región.
También se resolvió "profundizar" un informe presupuestario y en otros aspectos vinculados a un eventual traslado de la sede de la CIDH, que actualmente está en Washington.
El cambio de sede de la CIDH es un empeño especial de Ecuador, que ha impulsado varios encuentros regionales con este objetivo bajo el argumento de que la sede del organismo hemisférico de derechos humanos debería estar en un país que haya ratificado el Pacto de San José, cosa que no ha hecho Estados Unidos.
El tema fue oficialmente desestimado tras finalizar, en marzo de 2013, un profundo proceso de reformas de la CIDH que duró dos años con el objetivo oficial de "fortalecer" el sistema interamericano de derechos humanos, pero tras el que muchos observadores y organizaciones civiles denunciaron un intento de algunos países como Ecuador o Venezuela por debilitar sobre todo a la CIDH, incómoda con sus denuncias para algunos gobiernos de la región.
La Organización de Estados Americanos (OEA) dio el visto bueno a las reformas propuestas por la propia CIDH, aunque -bajo una intensa presión de los países del ALBA- dejó la puerta abierta a continuar el debate sobre cambios, hecho que Ecuador ha aprovechado desde entonces para seguir presionando, entre otros, por un cambio de sede para la Comisión.
La paradoja es que uno de los países que más han respaldado estos esfuerzos, Venezuela, ya no forma parte de la Convención puesto que el año pasado completó el proceso de "denuncia" del documento para dejar de estar sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, junto con la CIDH, conforma el sistema interamericano de derechos humanos.
En la III Conferencia en Montevideo participaron delegaciones de Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, además de Uruguay.
DPA
