Los tribunales móviles, lanzados en todo Marruecos para llevar la Justicia hasta los lugares más remotos, han iniciado la cuenta atrás para legalizar matrimonios celebrados "sin papeles", un proceso que ha tenido un período excepcional de diez años y que caducará el próximo 5 de febrero.
Estos días, en la sede de la municipalidad de Buknadel, a unos 12 kilómetros al norte de Rabat, se congregan cientos de personas, con notable presencia de mujeres, que acuden a uno de los tribunales móviles para registrar sus matrimonios.
Y es que, pese a la cercanía de la capital, hay decenas de aldeas aisladas en el campo donde ni la Justicia ni el Estado se hacen presentes.
Fadma e Ibrahim, acompañados por dos testigos, declararon ante una instancia compuesta por tres jueces, un fiscal y un escribano, su relación matrimonial que remonta al 2001, en una audiencia abierta y en un ambiente distendido y alejado de la rígida disciplina de los tribunales ordinarios.
Durante la audiencia, la falta de fotos o fotocopias del documento de identidad de los interesados era suplida por la buena voluntad de los funcionarios locales, que además facilitaron el desplazamiento de estas personas en un esfuerzo de llevar a buen puerto todo el proceso cuyos beneficiarios, todos muy pobres, tienen garantizada su gratuidad.
Otro caso es el de Abdalá, de 45 años y padre de siete hijos, que trabaja extrayendo corcho en un alcornocal cercano al pueblo Hancha Fuarat, a 40 kilómetros de Buknadel, y que explica como sus escasos ingresos le han impedido pagar los gastos básicos que cuesta legalizar un matrimonio que consumó en 1998.
Tradicionalmente en Marruecos, sobre todo entre esferas conservadoras, bastaba con hacer una fiesta, el ingreso de una dote, y la presencia de dos adules (notarios de derecho musulmán) para que un matrimonio fuese considerado legítimo.
Sin embargo, este enlace se considera legalmente inválido si no cumple las exigencias administrativas y se registra en el tribunal de familia.
En 2004, Marruecos emprendió una ambiciosa reforma del Código de Familia para tratar de sacar a la luz los matrimonios "sin papeles", muy abundantes y socialmente aceptados en las regiones rurales del país.
Ese código contemplaba en su artículo 16 un periodo transitorio de cinco años y que fue prorrogado otro cinco años más para proceder a legalizar excepcionalmente como matrimonios a parejas que puedan constatar "la existencia de niños en común o un embarazo", lo que les permite así dotar a sus hijos de documentos que les otorgan derechos tan simples como ir a la escuela o asistencia en un hospital.
Para Mohamed Abdelyauad, inspector regional del registro civil, y que se encuentra estos días en el tribunal móvil instalado en Buknadel, el trabajo esencial en esta localidad es legalizar los 82 casos que han sido presentados y que permitirá registrar a un total de 167 niños a los que se les garantizará todos sus derechos.
Fátima, una viuda y madre de dos niños, subraya que la legalización de su matrimonio le servirá para escolarizar a sus hijos y evitar que sean expulsados de la casa de su difunto marido.
Sin embargo, la ONG marroquí Anaroz denunció recientemente que la iniciativa de los tribunales móviles está sirviendo para legalizar los matrimonios de menores.
En 2011, los tribunales móviles legalizaron 45.122 matrimonios, según cifras del ministerio de Justicia. Ese mismo año, el Consejo Económico y Social detectó en todo el país 46.927 matrimonios precoces, de niñas en el 99 % de los casos.
A este respecto, el jefe de la sección de Familia de Salé en el Ministerio de Justicia, Saad Asban, destacó que la legalización de matrimonios no volverá a ser prorrogada, para "no abrir así la puerta a aquellos que se aprovechan de la medida para registrar enlaces de menores o casos de poligamia". EFE
