La Cámara de Diputados de Chile aprobó la noche de este martes el proyecto de ley que busca terminar con el copago, la selección y el lucro, tres ejes fundamentales de la reforma educativa impulsada por la presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa debatida en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, contó con los votos a favor de ocho parlamentarios del bloque oficialista Nueva Mayoría: Fidel Espinoza del Partido Socialista (PS), y Cristina Girardi y Rodrigo González del Partido por la Democracia (PPD).
También votaron a favor Giorgio Jackson de Revolución Democrática (RD), Yasna Provoste y Mario Venegas de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Robles, del Partido Radical PR) y Camila Vallejo del Partido Comunista (PC).
En tanto, los cinco legisladores de la Alianza opositora que votaron en contra fueron Jaime Bellolio; María José Hoffmann, Romilio Gutiérrez (UDI) y José Antonio Kast, todos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Felipe Kast, del partido Evopoli.
La reforma a la educación, orientada a mejorar su calidad y otorgar gratuidad en todos su niveles, es una de las grandes promesas de Bachelet e intenta recoger las demandas planteadas masivamente por los estudiantes chilenos desde 2011.
Sin embargo, los jóvenes no están conformes con estas iniciativas, entre otras razones, porque creen que se han diseñado a sus espaldas y que no rompen drásticamente con el modelo vigente.
La reforma, que busca mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar su gratuidad en todos sus niveles, también ha sido objeto de críticas por parte de dirigentes de la propia Nueva Mayoría, principalmente de la Democracia Cristiana, el mayor partido del bloque.
No obstante, el Gobierno salió airoso la noche del miércoles en los primeros tres proyectos de ley orientados a reformar la educación chilena, que se centran en el fin del copago por parte de los padres en establecimientos que perciben subvención estatal; así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios.
A la jornada de este martes asistieron el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga y el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma.
La presidenta ha expresado que su objetivo es que los estudiantes que ingresen a la universidad en 2016 puedan estudiar gratis, un año antes que la fecha prevista en la reforma educativa que impulsa su gobierno.
Sin embargo, éstos siguen escépticos antes los anuncios y jóvenes secundarios, universitarios y profesores chilenos han convocado a una movilización nacional para el 21 de agosto, en demanda de definiciones más concretas sobre la reforma al sistema de educación que promueve el Gobierno.
"Hoy más que nunca es fundamental que los actores sociales tengan una postura firme para acabar así con la educación de mercado y velar por un sistema público eficiente", dijo Melissa Sepúlveda a los periodistas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), al realizar el llamado a la protesta.
Para la reforma educativa, el gobierno busca financiar una subida de impuestos que aumente en 8.200 millones de dólares la recaudación impositiva, con un alza del impuesto a las empresas de un 20 a un 27 %. Originalmente, el proyecto consideraba que el gravamen se elevara sólo hasta un 25 %.
La iniciativa debatida en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, contó con los votos a favor de ocho parlamentarios del bloque oficialista Nueva Mayoría: Fidel Espinoza del Partido Socialista (PS), y Cristina Girardi y Rodrigo González del Partido por la Democracia (PPD).
También votaron a favor Giorgio Jackson de Revolución Democrática (RD), Yasna Provoste y Mario Venegas de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Robles, del Partido Radical PR) y Camila Vallejo del Partido Comunista (PC).
En tanto, los cinco legisladores de la Alianza opositora que votaron en contra fueron Jaime Bellolio; María José Hoffmann, Romilio Gutiérrez (UDI) y José Antonio Kast, todos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Felipe Kast, del partido Evopoli.
La reforma a la educación, orientada a mejorar su calidad y otorgar gratuidad en todos su niveles, es una de las grandes promesas de Bachelet e intenta recoger las demandas planteadas masivamente por los estudiantes chilenos desde 2011.
Sin embargo, los jóvenes no están conformes con estas iniciativas, entre otras razones, porque creen que se han diseñado a sus espaldas y que no rompen drásticamente con el modelo vigente.
La reforma, que busca mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar su gratuidad en todos sus niveles, también ha sido objeto de críticas por parte de dirigentes de la propia Nueva Mayoría, principalmente de la Democracia Cristiana, el mayor partido del bloque.
No obstante, el Gobierno salió airoso la noche del miércoles en los primeros tres proyectos de ley orientados a reformar la educación chilena, que se centran en el fin del copago por parte de los padres en establecimientos que perciben subvención estatal; así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios.
A la jornada de este martes asistieron el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, la subsecretaria de la cartera, Valentina Quiroga y el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma.
La presidenta ha expresado que su objetivo es que los estudiantes que ingresen a la universidad en 2016 puedan estudiar gratis, un año antes que la fecha prevista en la reforma educativa que impulsa su gobierno.
Sin embargo, éstos siguen escépticos antes los anuncios y jóvenes secundarios, universitarios y profesores chilenos han convocado a una movilización nacional para el 21 de agosto, en demanda de definiciones más concretas sobre la reforma al sistema de educación que promueve el Gobierno.
"Hoy más que nunca es fundamental que los actores sociales tengan una postura firme para acabar así con la educación de mercado y velar por un sistema público eficiente", dijo Melissa Sepúlveda a los periodistas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), al realizar el llamado a la protesta.
Para la reforma educativa, el gobierno busca financiar una subida de impuestos que aumente en 8.200 millones de dólares la recaudación impositiva, con un alza del impuesto a las empresas de un 20 a un 27 %. Originalmente, el proyecto consideraba que el gravamen se elevara sólo hasta un 25 %.
EFE