La izquierda mexicana ha perdido la última de las batallas en defensa del petróleo. Sus planes de realizar dos consultas populares sobre la reforma energética —aprobada en julio de este año y que entierra 76 años de monopolio estatal del gas y crudo— han sido rechazados por el máximo tribunal del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este jueves que la intención de ambos referéndums, que cuestionan la privatización de la industria, van en contra de la Constitución pues afectan los ingresos y egresos de México.
El argumento que compartieron nueve de los 10 ministros de la Corte para rechazar las consultas se sustentaron en el veto que se establece para un referéndum. Según la legislación mexicana, es imposible realizar un sondeo popular cuando se afectan temas de seguridad nacional, organización y funcionamiento de las fuerzas armadas, restricción de los derechos humanos e ingresos públicos.La apertura de la energía al capital privado, que también fue respaldada por el conservador Partido Acción Nacional, se ha convertido en el principal estandarte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, a casi dos años de haber asumido el poder. Desde 2013, cuando se presentó la reforma, la izquierda mexicana, liderada por el Partido de la Revolución Democrática (la mayor formación de izquierdas del país) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, liderado por el dos veces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador), ha emprendido una batalla en defensa de los recursos naturales. Después de manifestaciones masivas, anuncios en televisión y desplegados en los principales diarios del país, la última de las municiones de la oposición era la consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana incluido en la legislación mexicana en 2012.
“Nuestra lucha va a continuar, no nos vamos a quedar derrotados, ni con los brazos cruzados, seguiremos luchando por defender el patrimonio de la nación”, ha asegurado Carlos Navarrete, presidente del PRD, quien anunció que el partido acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rebatir la decisión.
La izquierda mexicana aspiraba realizar dos consultas por separado a lo largo de 2015, año en el que también se vota la renovación del Congreso mexicano. En la primera, impulsada por Morena, se pretendía preguntar: “¿Estás de acuerdo o no con que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”. La segunda, del PRD, quería cuestionar: “¿Está de acuerdo con que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”.
La ministra Margarita Luna ha sido contundente con su rechazo: “[Esta última, la cuestión lanzada por el PRD] es una pregunta difícil de contestar, porque es muy amplia, maneja muchos temas, y por esta razón es confusa”. La ministra Olga Sánchez Cordero ha defendido la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto, pues con su aplicación el Estado obtendrá recursos para el desarrollo nacional. El único de los ministros que estuvo a favor de los referéndums fue José Ramón Cossío Díaz, quien ha asegurado que las consultas populares son un derecho plasmado en la Constitución.
Andrés Manuel López Obrador, líder moral de Morena, ha comentado que con la decisión de los nueve ministros “le han negado al pueblo de México a decidir”. Durante un discurso en el Estado de Morelos (centro del país), el líder opositor espetó: “La Corte es un instrumento político y no un órgano de justicia”. Martí Batres, presidente de Morena, compartió en su cuenta de Twitter la misma postura: “La resolución de la Corte evidencia que la corrupción ha llegado a los niveles más altos de la historia de México”.EL PAIS
