(Buenos Aires, 12 de noviembre. EFE) - Interpol Argentina pidió a España la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados en la causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional.
Las solicitudes de detención fueron comunicadas de forma “muy urgente” a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini de Cubría, quien el pasado 30 de octubre emitió un auto en el que ordena la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y hasta las primeras elecciones democráticas (1977).
En la lista figuran 20 personas, entre ellas varios altos cargos franquistas, como los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, según detalla el comunicado remitido a Servini de Cubría por Interpol Argentina.
Asimismo, se pide a Madrid que facilite todos los datos que permitan identificar a los acusados, con el fin de “evitar posibles confusiones por razones de homonimia”, como requisito “indispensable” previo a la emisión de una orden de “captura internacional” extensible a todos los países miembros de Interpol.
El abogado confió en que el Poder Ejecutivo español resuelva dar curso judicial a las peticiones de detención preventiva dictadas por Servini de Cubría.“Es una gran noticia para las víctimas”, dijo a Efe el abogado querellante Máximo Castex, quien señaló que este trámite permitirá a Interpol “emitir una alerta roja de detención internacional ante una posible fuga o viaje” de los acusados.
De ser así, señaló, querellantes como Merçona Puig Antich “podrán ver por primera vez sentado en el banquillo de los acusados, aunque sea por una orden de extradición, a un ministro como Utrera Molina, responsable del asesinato de su hermano Salvador”.
A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que encabezó la cartera de la Vivienda en 1973 y fue ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le achaca responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el último ajusticiado a garrote vil en España (1974).
La Justicia argentina pide también la extradición de Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.
Junto a ellos, Servini de Cubría pide detener a Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).
La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados.
Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.
La querella se presentó por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.
