El Congreso mexicano aprobó la noche del martes un amplio sistema nacional anticorrupción con el que espera aplacar las críticas que han despertado una serie de escándalos y sospechas de conflictos de interés que han afectado tanto al Gobierno como a la oposición.
El nuevo sistema fue aprobado en el Senado con los votos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que sin embargo señaló que el sistema dejó áreas sin cubrir.
El nuevo sistema implicará fuertes cambios en el esquema de control del gasto público por parte de la Auditoría Superior de la Nación (ASF). Actualmente el gasto estatal sufre fugas por distintas vías y es auditado con un año de retraso, además de que no incluye a estados y municipios.
El nuevo sistema se basará en la acción coordinada de cuatro instituciones, de las cuales tres ya existen.
Implicará la coordinación de la Secretaría de la Función Pública, que es parte del gabinete, con la ASF -dependiente del Congreso- y con un fiscal anticorrupción independiente, que aún no ha sido nombrado.
Estas tres instituciones actuarían con un tribunal de cuentas que debe crearse, y cuyo papel será central porque allí irán a dar todos los expedientes de presunta corrupción grave.
Senadores perredistas y algunos del PAN se quejaron de el sistema deja protegido al presidente de la república, que mantiene su fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria o por delitos graves del fueron común, como homicidio.
Esto ocurre en momentos en que el presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus funcionarios cercanos están en el ojo de la tormenta luego de que medios de comunicación revelaron que su esposa y su secretario de Hacienda compraron casas supuestamente en condiciones ventajosas a un contratista del Gobierno.
Es “un avance significativo (…) Pero se queda pendiente el tema del conflicto de intereses, el tema de la responsabilidad penal de las empresas o las personas morales”, dijo el senador Armando Ríos Piter, del PRD.
Este y otros senadores criticaron que también los congresistas mantengan su fuero. En el sistema político mexicano, a menudo ex gobernadores o sindicalistas se refugian en el Congreso para evitar ser alcanzados por la justicia.
Otros legisladores reconocieron que los políticos atraviesan uno de sus peores momentos por la indignación de la ciudadanía respecto a los funcionarios públicos.
Uno de los hechos que llevó a ese estado de ánimo fue la posible masacre de 43 estudiantes en septiembre del año pasado. Los jóvenes fueron secuestrados por policías de la sureña ciudad de Iguala y entregados a sicarios del crimen organizado.
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