El último informe de la Defensora del Pueblo cifra en 13.500 lasviviendas de protección oficial que se encuentran vacías. Y la estimación se queda muy corta porque no todas las comunidades le remitieron los datos. La cifra choca con los 330.000 demandantes de pisos inscritos en los registros municipales y autonómicos. Las plataformas antidesahucios piden que esos inmuebles se destinen a alquileres sociales porque a su juicio están fuera del alcance de los solicitantes. En doce provincias el precio de las viviendas protegidas es más caro que el de los pisos de segunda mano de mercado libre.
En la misma situación que el inmueble de la Zona Franca barcelonesa se encuentran miles de viviendas en España. Ninguna Administración sabe cuántas exactamente porque están en manos de autonomías, ayuntamientos, promotores privados y bancos. Solo la Defensora del Pueblo ha realizado esa aproximación en su último informe, que cuenta 13.500. El organismo ha vuelto a requerir a las Administraciones para actualizar sus datos.El inmueble número 2 de la calle de Sant Eloi de Barcelona destaca sobre el resto por el colorido de su fachada y la maraña de escaleras traseras, pero también porque algunas de sus ventanas están tapiadas con ladrillos. Los vecinos de la finca, propiedad de la Generalitat, cuentan que llevan meses cerradas. El edificio debía ser una promoción de 32 viviendas de protección oficial (VPO) para jóvenes, pero desde que salió al mercado en 2011 los pisos han sido ocupados ilegalmente en multitud de ocasiones. Un grupo de albañiles trabaja ahora a destajo para reparar las viviendas, que serán alquiladas.
Registro estatal
El Ministerio de Fomento anunció en 2013 un registro estatal de VPO vacías. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor afirman que “se sigue trabajando” para crearlo con las aportaciones de las comunidades, encargadas de ese “seguimiento”. Entretanto, más de 330.000 demandantes aguardan en los registros municipales o autonómicos por una vivienda social.
El Gobierno vasco aseguró a la Defensora que no contaba con VPO desocupadas y alegó que tenía viviendas “coyunturalmente vacías”. Pero solo la ciudad de Vitoria tiene hoy 423 pisos desocupados, según la comunidad. El Ejecutivo ha reducido en dos años los pisos sin residentes desde los 703 con “medidas de flexibilización”, como el alquiler con opción a compra o la venta directa, pero aún hay edificios públicos nuevos vacíos.
La plataforma Stop Desahucios de Álava reclama que esas viviendas pasen a régimen de alquiler social. Su portavoz, Carmen Crespo, explica que en los años de bonanza se construyeron nuevos barrios en la ciudad con un alto porcentaje de VPO. Las reservas de suelo para vivienda social en el País Vasco, de hecho, llegaban al 70% de los nuevos desarrollos. “Empezó la crisis y muchas familias no pudieron acceder a los pisos”, explica Crespo.
Ese patrón se ha reproducido en decenas de ciudades. Las necesidades de vivienda llevaron a planificar bloques de VPO de compra. Miles de estas se terminaron cuando arrancó la crisis. Pese a los sorteos multitudinarios, los promotores vieron una cascada de renuncias. Los compradores no llegaban con sus ahorros o eran considerados insolventes. “Ha habido una falta de flexibilidad de muchas administraciones. Nada les impedía que rebajaran los precios”, explica Julio Rodríguez, economista y vocal del Consejo Superior de Estadística.
Además, en la época de la burbuja el precio de la VPO también subió, e incluso se buscaron figuras a medio camino entre la protección pública y el precio de mercado para las clases medias. Con la bajada brusca del valor de las casas del mercado libre, el de las VPO quedó desfasado. Según Fomento, en 12 provincias —entre ellas Lleida, Córdoba o Lugo— hoy la vivienda protegida es más cara que la libre de segunda mano, cuando en plena crisis era de media un 40% más barata. En nueve provincias más, entre ellas Valencia y Castellón, el precio es apenas un 10% inferior.
Casas sobrevaloradas
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rebajar hasta un 24% el precio de algunas promociones. En Albaida (Valencia) siguen sin residentes 64 de las 72 VPO que el Gobierno acabó en 2011. La concejal socialista de la localidad Eva Tormo explica que la crisis provocó que estas casas quedaran “sobrevaloradas, por encima del mercado”. Fuentes del Ejecutivo explican que la Generalitat valenciana tiene 391 viviendas en venta. Sus precios, admiten, no permitían encontrar compradores, por lo que rebajaron precios. Y aun así, las ventas se son muy lentas.
Tener un piso vacío, además, tiene un coste para la Administración. Tormo explica que algunas viviendas tuvieron que ser reformadas porque entraron a saquearlas. Y en Cataluña, cerca de 200 pisos sociales de la Generalitat están ocupados ilegalmente. Para impedirlo, la Administración ha contratado servicios de seguridad: solo en Barcelona se ha gastado más de 300.000 euros desde 2011.
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