Cesar Alierta, Ignacio Galán o Isidro Fainé. La élite empresarial española está moviendo ficha. La inestabilidad política que se ha generado en España tras las elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de mayo y la posibilidad de que en algunas ciudades clave -como es el caso de Madrid y Barcelona- se impongan gobiernos populistas, amenaza con pasar factura a la economía, en un momento en el que el crecimiento roza el 3 por ciento y el empleo comienza a recuperarse tras siete largos años de crisis y más de tres millones de puestos de trabajo dejados en el camino.
Según ha podido saber ABC, los grandes empresarios del Ibex 35, sobre todo aquellos que están además participando en el seno del Consejo Empresarial de Competitividad, presidido por César Alierta, han trasladado a título particular, tanto a Mariano Rajoy y a sus ministros como a los miembros del partido, la necesidad de hacer cambios sustanciales en el Ejecutivo más allá de los inevitables, como la sustitución de Luis de Guindos en Economía o de José Ignacio Wert en Educación, con vistas a las próximas elecciones generales.
Se trata de movimientos visibles que permitan evidenciar que el PP vuelve a estar en clave de ganar las elecciones generales de finales de año, y transmitir de forma nítida a los inversores que la estabilidad sigue estando garantizada en nuestro país. Estos movimientos, creen los empresarios, permitirían asegurar contratos de empresas extranjeras con firmas de bandera españolas que hoy podrían estar en riesgo de quedar paralizados, y con ellos miles de empleos.
Los inversores internacionales han frenado en seco sus proyectos en espera de gobiernos estables que garanticen los dos ingredientes necesarios para seguir confiando en España: estabilidad política y jurídica. Una situación que ha llevado a los grandes empresarios, que hasta ahora no habían movido ficha, a tomar cartas en el asunto, temerosos de que se produzca una espiral de desinversiones que aprovechen otros países que están al acecho de esas posibles fugas.
«Reclamamos estabilidad»
«Sólo reclamamos estabilidad. Es lo que llevamos pidiendo a los países a los que vamos a invertir», asegura a ABC un destacado empresario madrileño, temeroso de que los últimos datos de Banco de España sobre la fuga de capitales de nuestro país sea sólo el principio. Los resultados que esta semana ha hecho públicos la autoridad monetaria suponen un primer toque de atención. Los inversores sacaron de España 19.400 millones de euros en el mes de marzo, frente a los 900 millones que inyectaron en el mismo mes de 2014 y a los 800 millones que sacaron un mes antes.
«La incertidumbre y la inseguridad jurídica son los ingredientes perfectos para acobardar al dinero. No podemos tener paralizado el país hasta las generales. Lo de Andalucía está siendo un mal ejemplo», afirma la misma fuente empresarial para la que asegurar ahora la gobernabilidad en cada región se convierte en imprescindible para que los inversores no se retraigan. Es un criterio que comparten muchos otros empresarios y así se lo han trasladado a los partidos políticos en liza. Este es el primer rompecabezas por resolver. El segundo es salir de la parálisis, acometer cambios en el Gobierno y asegurar la regeneración, además de tomar las medidas sociales que permitan la mejoría económica para recuperar a los votantes descontentos. Sobre todo, a esos 2,5 millones de electores que sí depositaron su papeleta en las urnas en las generales de 2011, y que ya en las europeas se quedaron en casa, algo que también ha ocurrido en las del 24 de mayo.
Dar prioridad a la economía real sobre los grandes númeroses clave ahora para muchos empresarios y no todos de tamaño considerable. El pequeño inversor, que en España es significativo y el que crea la mayor parte de los puestos de trabajo, también se retrae. Las fuentes consultadas temen que, fruto de la inestabilidad política, las nuevas contrataciones se hayan frenado en seco lo que, dicen, se comprobará en junio. Si a esto se añade que todos los partidos de izquierdas llevan en sus programas electorales tumbar la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy esa inestabilidad se ha tornado en inquietud dentro y fuera de España, teniendo en cuenta que esa reforma ha puesto a disposición de las empresas altas dosis de flexibilidad laboral, lo que ha permitido a las compañías españolas ser más competitivas.
No ayuda en nada que Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona hayan anunciado que paralizarán proyectos millonarios. El programa de Ahora Madrid se compromete a paralizar y analizar la operación Chamartín (que supondría una inversión de 6.000 millones de euros, 4.800 de la empresa privada); la operación Mahou-Calderón (220 millones de euros); Canalejas (500 millones); el nuevo centro comercial de Madrid Río (250 millones), y el derribo parcial del Edificio España (30 millones de euros del Grupo Wanda para la reforma de la Plaza de España).
La victoria de Comú en las elecciones municipales de Barcelona puede tener un efecto colateral inmediato sobre el GP de España de Fórmula 1, en el que el consistorio invierte cuatro millones anuales, también la moratoria en la apertura de nuevos hoteles y apartamentos turísticos que podría afectar, por ejemplo, a la conversión en hotel de la torre del Deutsche Bank en la Diagonal, movimientos que están generando intranquilidad entre los empresarios.
ABC
