La izquierda radical está a un paso de hacerse con el control de más de 80.000 millones de euros de dinero público. En números redondos,74.000 millones suman los presupuestos anuales de los gobiernos autonómicos que necesitan al partido de Pablo Iglesias -o la izquierda valenciana de Compromís-, en los que el PSOE tendrá que negociar con ellos las cuentas anuales.
A eso hay que añadir las alcaldías de grandes ciudades que van a pasar a ocupar candidaturas apadrinadas por Podemos -así se perfila en Madrid (con Manuela Carmena), Barcelona (Ada Colau) y Zaragoza (Pedro Santiesteve), como casos más relevantes- y otros gobiernos de capitales de provincia que podrán ocupar o en los que tendrán la llave de la gestión diaria como partido decisivo para conformar mayorías absolutas, entre los que se cuenta Valencia.
En total, entre todos esos ayuntamientos, el presupuesto anual asciende a 9.500 millones contando al Ayuntamiento de Valencia, en el que se perfila un alcalde de Compromís con el apoyo del PSOE y voto a favor de la investidura por parte de Valencia en Común -franquicia de Podemos-.
Esos más de 80.000 millones de euros representan el 8 por ciento del PIB nacional. Es, por ejemplo, más de la mitad de la riqueza que aporta todo el sector industrial español y más de lo que actualmente suman la agricultura, la ganadería y la construcción.
EFE
Pablo Iglesias y Manuela Carmena
De todos los presupuestos autonómicos en liza por los pactos entre PSOE y Podemos, el más abultado es el de Andalucía: 29.626 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana con casi 17.600 millones -donde se está fraguando un posible tripartito PSOE-Compromís-Podemos-; y Castilla-La Mancha, con algo más de 8.600 millones.
El resto, hasta un total de 74.000 millones de euros en presupuestos autonómicos, corresponden a Aragón, Asturias, Extremadura y Baleares, regiones en las que el PP se ha quedado sin opciones y la conformación de mayorías absolutas se va fraguando entre PSOE y Podemos.
La estrategia general del partido de Pablo Iglesias es respaldar a los candidatos socialistas para investirlos presidentes autonómicos, pero no entrar en gobiernos de coalición. Eso aún compromete más el día a día de la gestión económica de esos ejecutivos, porque el PSOE se encontrará atado ante las imposiciones de gasto de Podemos, pero será quien tenga que bregar con el encaje de las cuentas, con el déficit y con la deuda pública que generen las exigencias de la izquierda radical-populista.
Y precisamente la deuda es una pieza crítica en todo este escenario que se abre por el reparto del poder autonómico en España tras el 24-M.
Los rupturistas planteamientos de la izquierda afín a Podemos respecto a la deuda, su ataque a la banca y a los grandes inversores, choca de lleno con las necesidades que día a día tienen los gobiernos regionales para mantener a flote sus arcas. El abanico de alternativas es simple: o no se paga la deuda pública -los vencimientos y los intereses-, algo que resulta técnicamente inviable y que conduciría al colapso; o se cumple con los compromisos, abonando mes a mes lo que toca devolver y los intereses que corresponde pagar, para lo que hay que estar acudiendo permanentemente a pedir más dinero prestado.
Repunte de los intereses
Pero este horizonte se complica porque la mera incertidumbre por la entrada en escena de Podemos -coinciden en apuntar diversos expertos consultados por ABC- favorecerá que repunten los tipos de interés, el precio al que los inversores están dispuestos a seguir prestando dinero a las autonomías.
No es cuestión menor y el asunto desencadenaría un efecto en cascada que acabaría cayendo sobre las arcas del Estado. Hay que tener en cuenta que, de todas esas autonomías en cuyos gobiernos Podemos pasa a tener la llave, Aragón es la única que en todos estos años no ha entrado en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) habilitado por el Estado para sacar de la asfixia a las cuentas regionales.
El FLA, en la práctica, es deuda pública directamente asumida por el Estado, dinero que recibe prestado con su aval que luego entrega a esas autonomías con la obligación de que se lo devuelvan y de que se aprieten el cinturón. A partir de ahora, sobre lo primero -devolverlo en las condiciones pactadas en su día- pueden surgir discusiones; y, sobre lo segundo, lo de apretar el cinturón de las cuentas de esas comunidades, todo apunta a que la austeridad va a dar paso a un repunte del gasto público, con más déficit. Además, si hubiera alguna «rebelión» de impagos de esa deuda pública, el que correría directamente con las consecuencias es el Estado.
De entrada, esta última semana la deuda soberana de España ya ha empezado a sentir las tensiones alcistas en los mercados. Durante el presente año, las comunidades en las que Podemos pasa a ser decisivo tras el 24-M tienen que recibir prestado del orden de 13.100 millones de euros para mantener sus cuentas a flote. O eso, o la asfixia. De ellos, 8.700 millones los necesitan para hacer frente a vencimientos de deuda pública; casi 2.000 millones para abonar los intereses a quienes les han prestado dinero; y el resto, unos 3.400 millones, para atender parte de los gastos ordinarios del sector público.
ABC
