El cambio de color político de las principales capitales del país no compromete los planes de consolidación fiscal diseñados por el Gobierno para los municipios. Fuentes del departamento dirigido porCristóbal Montoro señalan que desde el ministerio de Hacienda confían en el papel de los interventores municipales para asegurar el equilibrio presupuestario de los ayuntamientos. Tanto los interventores municipales como los secretarios, que controlan las cuentas de los consistorios, responden ante el Estado y han ganado poder en los últimos años. A pesar de que Madrid y Barcelona hayan pasado a marcas blancas de Podemos, los grandes ayuntamientos deben remitir sus planes de ajuste cada tres meses a Hacienda, bajo la supervisión de los interventores que pueden alertar de una desviación del gasto municipal. Estos cargos se h an convertido en los mejores vigilantes de Hacienda sobre los presupuestos municipales.
El descontrol de las cuentas públicas ha empujado a Hacienda a reforzar durante la crisis los mecanismos de control sobre ayuntamientos y comunidades durante la crisis. La Administración General del Estado ha ganado parcelas de vigilancia. La reforma de régimen local aumentó este celo sobre los municipios y en Hacienda confían en que sea suficiente para asegurar la consolidación fiscal, a pesar del cambio de Gobierno en Madrid, Barcelona o Valencia, donde gobernará Compromís.
En juego está la mayor parte del superávit de las entidades locales. En los últimos años, Madrid, con 1.330,5 millones de saldo positivo, y Barcelona, con 204 millones, cosecharon en 2014 el 27% del superávit público de todas las corporaciones locales del país, según la Intervención General del Estado. Valencia también tuvo el año pasado un saldo positivo de 133,5 millones. Tanto en el caso de Madrid como el de Barcelona, este superávit sirve para reducir la ingente deuda de ambas capitales.
Diputaciones y municipios cerraron el año pasado con 5.616 millones de balance positivo, un 0,53% del Producto Interior Bruto. En el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo prevé que las entidades locales cierren con equilibrio presupuestario, pero en los últimos años, diputaciones y municipios han cerrado en superávit y han sido las únicas administraciones con ingresos superiores a sus gastos. Gracias a ello, en el último año España ha podido reducir el déficit al 5,7% del PIB y cumplir el objetivo de déficit fijado por Bruselas, del 5,8% del PIB, –aunque no el comprometido por el propio Ejecutivo, del 5,5%–.
Compensación
Las cuentas saneadas de los ayuntamientos compensaron los incumplimientos de las comunidades, que el pasado año desbordaron el límite de déficit comprometido con el Estado, del 1% del PIB, y cerraron en el 1,7%.
El propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro advirtió la semana pasada a los consistorios. «He oído compromisos y propuestas que no tienen cabida en nuestro o encaje legal», apostilló. Para el próximo año, los presupuestos municipales calculaban 996 millones de superávit para el Ayuntamiento de Madrid. Los de la alcaldía catalana preveían un saldo positivo de unos 20 millones.
De hecho, un documento interno de Hacienda al que ha tenido acceso ABC, analiza en 50 páginas las propuestas de la alcaldesa de Ahora Podemos, Manuela Carmena, para el Ayuntamiento de Madrid. En este informe, adelantado por «Expansión», señala que medidas como un banco público serían «un disparate» y cree que las quitas selectivas de deuda llevarían a Madrid «a la miseria».
En este escenario, el Ministerio de Hacienda se reunirá a finales de julio con comunidades autónomas y entidades locales para recordarles los controles aprobados estos años sobre sus presupuestos. En la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montoro se reunirá con municipios y diputaciones y un día después, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con comunidades autónomas.
Asimismo, el ministro comunicará a las comunidades cuánto les transferirá en las entregas de cuenta del Estado, que serán mayores que en el último año por la favorable evolución económica. Esto permitirá a las regiones un mayor margen para embridar sus cuentas.
Precisamente, las medidas que posibilita la Ley de Estabilidad también protegen un hipotético derrape en las cuentas autonómicas. Incumplir el techo de gasto –que el Gobierno aprobará para 2016 este viernes y que limita que el gasto no crezca por encima del PIB nominal– o el periodo medio de pago a proveedores –de 60 días– puede suponer también la imposición de medidas coercitivas. Entre ellas, se incluye imponer depósitos del 0,2% del PIB en el Banco de España a las regiones incumplidoras así como la intervención de la región. Todas las medidas desembocan en la misma conclusión: las administraciones autonómicas y locales tienen menos margen que antes. Hacienda juega en casa.ABC
