La empresa Odebrecht, una de las mayores constructoras de Brasil, consideró este lunes como una "afrenta" al Estado de Derecho la detención de su presidente,ocurrida en el marco de la investigación sobre corrupción en la estatal
Petrobras.La detención de Marcelo Odebrecht y otros directivos de la firma es "ilegal", constituye una "afrenta contra los principios básicos del Estado de Derecho" y está apoyada sólo en "presunciones", dice una nota divulgada este lunes por la compañía.
El presidente de Odebrecht y otros cuatro ejecutivos de la firma fueron detenidos el pasado viernes, junto con el presidente de la empresa Andrade Gutiérrez, otra importante constructora del país, y directivos de esa compañía.
Las autoridades sostienen que ambas empresas, igual que otras 25 compañías privadas, participaron en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares.
Según la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4 % y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.
Los responsables de Odebrecht y Andrade Gutiérrez son acusados de fraudes en licitaciones y formación de cartel, cargos rechazados por ambas empresas, que tienen operaciones en decenas de países.
Por las corruptelas en Petrobras también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Entre los detenidos está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.
El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales.
No obstante, según la Policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.
EFE
