( AFP) Con camiones del ejército que llevaban pasajeros apretujados, el gobierno intentaba enfrentar un inédito paro ordenado por las pandillas en el transporte público, que este martes mantenía semiparalizado a El Salvador por segundo día y se saldaba con seis víctimas mortales.
Ante el desconcierto que imperó el lunes, el plan de contingencia de las autoridades se intensificó este martes en las calles, donde también las instituciones públicas pusieron a circular autobuses y pequeños camiones. Otros debieron caminar o pagar taxis.
“Nadie se siente tranquilo con este paro, no se sabe qué nos puede pasar en la calle con esta inseguridad, todo se complica”, dijo a la AFP Idalia Ramos, una enfermera que salía de su turno en un hospital público de San Salvador y quien debió pagar un taxi para llegar a su casa en Mejicanos, en la periferia norte.
Las pandillas, en particular Barrio 18, exigen que se les incluya en el Consejo de Seguridad y Convivencia en el que dialogan diferentes sectores del país, encabezados por el gobierno, en la búsqueda de soluciones al problema de la violencia, pero las autoridades rechazan categóricamente esa posibilidad.
Para forzar el paro, el lunes fueron asesinados cinco choferes de autobuses por desacatar la orden de suspender el servicio, mientras que otro murió a tiros el domingo, por lo que la mayoría de las empresas de transporte se han abstenido de sacar sus unidades.
Como parte de las medidas, el presidente ordenó el traslado a prisiones de máxima seguridad de varios jefes pandilleros a quienes reponsabiliza del chantaje contra las empresas de transporte público.“En ningún momento nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con los criminales, que les quede muy claro, no vamos a negociar y los vamos a perseguir, a capturar para ponerlos ante la justicia”, advirtió el presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Hemos tomado una serie de medidas, este día hemos trasladado dos cabecillas del penal de Gotera (162 km al noreste de San Salvador) al penal de máxima seguridad (en Zacatecoluca, 60 km al sureste), porque son los que han estado organizando toda esta agresión”, señaló el mandatario.
Los dos cabecillas fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, de la pandilla Barrio 18, que junto con la Mara Salvatrucha son las dos más violentas estructuras criminales de la región, surgidas entre migrantes en los años 80 en Estados Unidos y que llegaron a Centroamérica tras deportaciones masivas.
El mandatario añadió que otros 36 pandilleros con nivel de mando dentro de la Barrio 18 son trasladados este martes del penal de Gotera a la cárcel de Izalco, 66 km al oeste de San Salvador, por estar relacionados con el paro parcial de autobuses.
Sembrando terror
El fiscal Luis Martínez llamó a jueces y mandos de la Policía a conformar una mesa de trabajo “urgente” para garantizar que los delitos cometidos por pandilleros no “queden impunes”.
Martínez calificó a las maras como grupos “terroristas”, pidió “apoyo total” para la Fiscalía e instó a una comisión del Congreso a “revisar” y modificar la ley contra el terrorismo para garantizar su aplicación.
“Las pandillas (…) se mantienen sembrando el miedo con rumores y atacando a la población indefensa para generar terror”, estimó el analista y profesor universitario Roberto Cañas.
Ante la emergencia que vive el país, el secretario de Comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, ordenó el despliegue de policías en varias rutas de buses que prestan servicio en San Salvador y en el interior del país.
La Policía, con agentes de la Fiscalía, capturó en la madrugada de este martes a 60 pandilleros por diferentes delitos.
El ex comandante guerrillero Raúl Mijangos, quien en 2012 actuó como mediador en una tregua entre pandillas, pidió a esas organizaciones criminales que levanten el boicot al transporte.
“Quiero hacerles la súplica y el llamado a que desistan de continuar con la medida del paro. Según se rumora se han propuesto mantenerla durante cuatro días”, aseguró Mijango en una carta pública a los cabecillas.
Mijango y el vicario castrense Fabio Colindres, con la venia del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), mediaron en una tregua que las pandillas pusieron en vigor en marzo de 2012. Durante año y medio dejaron de atacarse y los homicidios bajaron a un promedio de 14 a 5 por día.
Pero la violencia volvió a dispararse. Entre enero y junio pasado, según fuentes oficiales, se registraron 2.865 asesinatos, superando los 1.840 del mismo período de 2014.
“Si querían hacer sentir la fuerza y poder que han acumulado, lo han logrado. Desafortunadamente, en esta acción quienes mayormente resultan afectados son los mismos pobres”, reflexionó Mijango.
En El Salvador hay 12.851 pandilleros encarcelados, pero en las calles operan otros 60.000, según estimaciones oficiales.
