( Nota de prensa).- La fiscal general de la república, Luisa Ortega, habló sobre el tema de la reventa de productos, conocida popularmente como “bachaqueo”, lo que calificó como una práctica perversa sancionada en el artículo 62 de Ley Orgánica de Precios Justos.
Puntualizó que quienes incurren en este tipo de acciones cometen un delito y hacen un grave daño al resto de la población, pues lesionan los intereses de los más vulnerables, como niños, ancianos, madres y personas enfermas, pues se ven imposibilitados de acceder a ciertos productos.
Aseveró que estas actividades generan distorsión en el mercado, por lo que el Estado se ha visto en la obligación de tomar acciones necesarias para erradicar estas prácticas.
Aprovechó para exigir a las personas que se dedican a la reventa de productos de primera necesidad a que cesen esas actividades, y también manifestó su apoyo a las iniciativas del Gobierno nacional dirigidas a erradicar esas conductas y afirmó que desde el Ministerio Público se continuará en la lucha contra este flagelo.
Acompañamiento de víctimas
En el tema del día, Ortega se refirió a la protección que se les debe ofrecer a las víctimas y al trabajo mancomunado de las instituciones del Estado, a fin de velar por los intereses de estas personas en cada una de las fases del proceso penal.
Aseveró que constitucionalmente el Ministerio Público tiene la atribución legal de proteger a los afectados de un hecho punible y ejercer en nombre del Estado la coordinación de la investigación penal.
Señaló que la institución está estructurada para garantizar la reparación de los daños, así como para ejecutar acciones penales de protección. Por ello, se creó la Coordinación Nacional para la Protección de las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales (Conapro), que brinda resguardo a quienes sean partícipes de procedimientos penales y que pudieran estar en una situación de peligro.
En este último caso, la institución está llamada a ofrecer asistencia, por lo que la Conapro hace un abordaje integral a las víctimas de un delito desde la perspectiva jurídica y psicosocial.
También para cumplir con este objetivo, la citada dependencia cuenta con profesionales calificados, casas de abrigo y brigadas de protección.
