( Nota de prensa) – La Dirección de Contraloría Sanitaria del Instituto de Salud Pública (ISP), Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar (ZODI Bolívar) y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizaron una inspección en ocho locales comerciales ubicados en las inmediaciones del hospital Ruiz y Páez, Ciudad Bolívar.
La evaluación se efectuó en farmacias, laboratorios, barberías, centro de venta de equipos médicos y peluquerías; y se procedió a cerrar cuatro locales a la espera de que pongan al día su documentación. Se prevé que esta semana continúen las labores en la entidad.
El director de Contraloría Sanitaria, Amador Espinoza, explicó que el objetivo de la actividad consiste en garantizar que se cumplan las normativas sanitarias de funcionamiento, expendio de productos y evitar la especulación. “Es necesario que tengan su permisología al día y no se esté especulando con material médico quirúrgico”.
Advirtió además que dichas visitas se estarán llevando a cabo de manera sorpresa, igualmente en conjunto de Sundde y ZODI, a fin de resguardar la seguridad sanitaria de los bolivarenses y combatir la especulación, siguiendo lineamientos nacionales y regionales.
“En caso de conseguir medicamentos o insumos médicos quirúrgicos sin los debidos permisos, serán decomisados”, enfatizó el Director.
Por otra parte la fiscal de Sundde, Nelshyr Zamora, manifestó que están ejecutando el acompañamiento por órdenes presidenciales a fin de verificar el cumplimiento de las normas establecidas para expendedores de medicinas y alimentos, así como para garantizar que se venda a precio justo al pueblo.
Indicó que el Sundde está activo a diario desarrollando fiscalizaciones según las órdenes de operaciones emanadas del nivel central o denuncias recibidas a través de 0800-LOJUSTO (0800-5658786). También se puede denunciar por la página web http://denuncias.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve/
Recordó Zamora que las bases legales que protegen al consumidor están contempladas en la Ley Orgánica de Precios Justos, documento que rige los derechos socioeconómicos y establece las sanciones contra el acaparamiento y especulación, entre otros ítems.
