El Gobierno brasileño anunció hoy un nuevo recorte del gasto público, que reduce en unos 11.000 millones de reales (2.820 millones de dólares) su presupuesto para lo que resta de este año, según un decreto publicado en el Diario Oficial.
La decisión obedece a la intención del Gobierno de ajustar sus gastos a la meta de déficit fiscal de 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) que se trazó en la última revisión de sus presupuestos, que aún con este nuevo recorte ha sido puesta en duda por la mayoría de los economistas.
El nuevo recorte afectará durante el mes de diciembre a muchos de los gastos corrientes del Gobierno, que prorrogará para el próximo año el pago de diversos servicios, como agua o electricidad, en toda la administración federal.
Hasta ahora, el Gobierno prevé que cerrará 2015 con un déficit fiscal primario de 51.800 millones de reales (unos 13.282 millones de dólares), que suponen casi el 1 % del PIB.
Sin embargo, esa cifra no incluye unas deudas calculadas en unos 57.000 millones de reales (unos 14.615 millones de dólares) con la banca pública, que aún no fueron contabilizadas en sus balances.
A inicios de este año, el Gobierno esperaba llegar a diciembre con un superávit primario equivalente al 1,2 % del PIB, pero luego revisó esa previsión a la baja y calculó un déficit de 0,7 %, que volvió a corregir hace un mes para situarlo en torno al 1 %.
Las deudas con la banca pública, que pueden agravar aún más esa previsión de déficit si no son canceladas antes de fin de año, han sido acumuladas desde el año pasado.
Según organismos fiscalizadores del Estado, fueron consecuencia de que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Gobierno ha reconocido esa situación y se ha comprometido a cancelar esas deudas antes de fin de año, pero su recaudación fiscal ha caído con fuerza en los últimos meses como consecuencia de un duro programa de ajuste que ha enfriado la actividad económica.
La oposición ha considerado los atrasos en el pago a la banca pública como un intento del Ejecutivo de "maquillar" sus balances de 2014, que ya han sido rechazados por el Tribunal de Cuentas, el principal órgano de contraloría del Estado brasileño.
Por esa razón, los partidos opositores presionan en el Congreso por la apertura de un juicio con miras a la destitución de la jefa de Estado, Dilma Rousseff, sobre la base del supuesto "delito de responsabilidad" que supondrían esas maniobras.
De acuerdo con la Constitución, esos "delitos de responsabilidad" pueden configurarse, entre otras razones, con una "falta de probidad en la administración pública", en la cual, según los partidos de la oposición, ha incurrido el Gobierno de Rousseff.EFE
