La hermana menor de Felipe VI, Cristina de Borbón, y su marido Iñaki Urdangarín se sentarán el lunes en el banquillo de los acusados por la trama del "caso Noos", que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos.
Se trata de la primera vez que un miembro de la familia real española se somete a un juicio, en este caso por corrupción. La infanta está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, que a su vez está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
Junto a Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín estarán otros 16 acusados, entre ellos el expresidente de la región de Baleares (archipiélago mediterráneo), Jaume Matas.
El "caso Nóos" investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros (6,6 millones de dólares) de fondos públicos al Instituto Noos, una fundación nacida sin ánimo de lucro y que presidió el esposo de Cristina entre 2003 y 2006.
Los más de cuatro años que duró la instrucción, desveló que el socio de Urdanagarín, Torres, fue el autor intelectual, mientras que el entonces yerno del rey Juan Carlos fue el gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios y fondos públicos que recibía la fundación creada por ambos.
Lograron unos 3,5 millones de la administración pública valenciana (región del este de España), 2,5 millones de la balear (archipiélago mediterráneo) y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según los cálculos de la fiscalía.
Para adueñarse de los fondos públicos que ingresaban a nombre del Instituto Nóos el cuñado de Felipe VI y su socio se valían presuntamente de un entramado formado por empresas de su propiedad que drenaban el dinero hacia sus propios patrimonios.
Cristina de Borbón era titular con su marido de Aizoon, la empresa que usó Urdangarin para desviar supuestamente los fondos a su patrimonio personal.
La defensa de la infanta alega que ella estaba completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía y que "se limitó a rubricar sin pedir explicaciones" los documentos que le presentaron.
Aunque la infanta está imputada en la trama de corrupción y mañana, durante la primera vista oral del juicio, se sentará en el banquillo de los acusados como imputada, todavía puede librarse del juicio si el tribunal decide aplicarle la llamada doctrina Botín.
Esta jurisprudencia surge a raíz del proceso en 2007 contra el expresidente del Banco Santander, el fallecido Emilio Botín.
Y establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta, ya que la Fiscalía no presentó cargos contra ella, solo lo hizo la acusación popular del sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de prisión.
Una vez se celebre la vista de mañana, el tribunal de Palma (capital de las Baleares) tendrá varias semanas para dirimir si la hermana del rey debe ser juzgada, y debe declarar junto al resto de acusados a partir del 9 de febrero.
Son tres las magistradas encargadas de este mediático caso, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín; entre todas suman 32 años de carrera judicial y tienen experiencia en casos de corrupción.
La vista oral de mañana es la culminación de una investigación resumida en medio centenar de tomos y 76.000 folios repartidos en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón, que comenzó hace ya cuatro años y medio, el 20 de julio de 2010, y en el que está previsto que declaren 352 testigos.
La expectación generada por este juicio obligó a adecuar un edificio especial que albergue a los 590 profesionales de 84 medios de comunicación nacionales e internacionales que se han acreditado para seguirlo. EFE
