El Gobierno de Francia decidió el martes eludir al Parlamento e imponer por decreto una flexibilización de las leyes de protección laboral del país, ignorando la manifestaciones populares provocadas contra una de las reformas emblemáticas del presidente socialista François Hollande.
La decisión fue anunciada por el primer ministro Manuel Valls tras semanas de protestas callejeras contra un proyecto de ley que pretende facilitar la contratación y los despidos. Se esperaba que los legisladores del propio partido gobernante desecharan la propuesta en el Parlamento.
"Debido a que el país debe avanzar (...) el gabinete me ha autorizado a comprometer la responsabilidad del Gobierno, lo que haré más tarde", dijo Valls a los legisladores, entre abucheos de parlamentarios y algunos aplausos de ministros.
Una derrota en el Parlamento habría sido un golpe fuerte para el impopular Hollande, quien ha dicho que sólo buscará la reelección el próximo año si logra reducir la tasa de desempleo, que está estancada por encima del 10 por ciento. El Gobierno espera que la reforma anime a las empresas a contratar personal.
Una cláusula raramente usada en la Constitución francesa, conocida como 49.3, permite aprobar reformas por decreto, destacando los fuertes poderes que ejerce el Ejecutivo bajo el sistema presidencial de Francia, diseñado por el líder de la Segunda Guerra Mundial Charles de Gaulle.
Esta es la segunda vez que Valls utiliza la cláusula, ya que el año pasado evitó al Parlamento al emitir por decreto una ley que flexibilizó las normas y regulaciones comerciales durante los domingos en los sectores de transporte y judicial.
Aunque Valls suavizó partes del proyecto de ley laboral en marzo tras protestas estudiantiles, la propuesta mantiene algunas medidas que dan más flexibilidad a los empleadores para realizar acuerdos internos con empleados sobre horarios de trabajo. También ofrece a las empresas condiciones menos restrictivas para despidos que se determinen por razones económicas.
Legisladores rebeldes del Partido Socialista acusaron al Gobierno de hacer caso omiso al Parlamento. "Es una forma de utilizar la Constitución con mano dura para impedir que los representantes de la nación tengan su opinión", dijo a periodistas Laurent Baumel, un legislador socialista rebelde que calificó la decisión de "antidemocrática" REUTERS
