La gravedad de la crisis económica española, con los casi cinco millones de parados como telón de fondo, y las incertidumbres europeas han marcado la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero en el último tramo de su mandato y marcarán también su último debate del estado de la nación, que comienza el martes. El presidente no protagonizará un debate nostálgico ni hará balance de sus dos legislaturas.
La salida a la crisis económica es tan compleja que el debate de las propuestas para salir de ella se impone por sí solo. La situación no está para lujos, sobre todo después de la tremenda pérdida de poder municipal y autonómico que han sufrido los socialistas en las elecciones del 22-M. Desde que hace dos semanas la Unión Europea planteó a España una rebaja de las cotizaciones sociales y una subida del IVA -recomendaciones que quedaron muy diluidas en la última cumbre europea-, los rumores de que Zapatero podría proponer nuevos sacrificios y recortes al hilo del debate del estado de la nación se desataron.
Fuentes gubernamentales rechazan que Zapatero vaya a plantearlos en el debate, más allá de la reducción en un 3,8% del techo de gasto previsto para 2012 -lo que supone suavizar el recorte pactado el año anterior, cercano al 8%- que aprobó el Consejo de Ministros el viernes.
El presidente presentará algunas propuestas para la reactivación económica, según las mismas fuentes. Una de las que se baraja es una mayor liberalización de los horarios comerciales. En principio, la ley obliga a las comunidades a fijar 12 festivos al año con comercios abiertos, aunque también permite que los rebajen hasta ocho, como ocurre en Euskadi y Cataluña, o amplíen el número, como pasa en Madrid o en Murcia. Ahora este listón podría variar aún más, especialmente en las zonas turísticas, para compensar la caída del consumo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea y la OCDE llevan años presionando a España para que apruebe una mayor liberalización comercial, algo a lo que siempre se han opuesto algunas autonomías.
Zapatero se presenta el martes en el Congreso atrapado entre la desconfianza de los mercados y el descontento de los electores. Comparece, además, después de una semana de infarto. El miércoles salvó por los pelos la votación de una de sus reformas básicas, la de la negociación colectiva. Su derrota hubiera dejado al Gobierno contra las cuerdas porque habría revelado su incapacidad para cumplir con la razón de ser del agotamiento de la legislatura: la culminación de las reformas comprometidas ante Europa.
El Consejo Europeo del viernes en Bruselas dejó intacta la incertidumbre en Europa, con la crisis griega sin resolver. En estas condiciones, Zapatero reafirmará en el debate su voluntad de culminar las reformas y, con ello, de agotar la legislatura, pese a los apuros que pasó el miércoles en el Congreso por el voto negativo del PP y las reticencias de CiU y PNV que, al final, optaron por la abstención, tras una difícil negociación.
Para Zapatero, que aprovechará el debate para despejar las dudas sobre la duración de la legislatura, el objetivo de culminar las reformas no es ya solo un problema de España, sino de la zona euro, en la que nuestro país se ha convertido en un valladar contra el contagio de Grecia.
Con esa determinación personal, Zapatero explicará que el Gobierno cuenta con un paquete de proyectos pendientes, como la finalización de la reforma financiera, la ley de pensiones, la aprobación de unos Presupuestos austeros para afrontar la salida de la crisis y de otra veintena de leyes, algunas de ampliación de derechos, como la agilización de la justicia y la de transparencia.
El debate del estado de la nación tendrá como protagonista al presidente y no al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que será proclamado el 9 de julio. Pero Rubalcaba no está al margen del debate ni de la política de Zapatero. Comparten la conveniencia de agotar la legislatura no solo por las razones derivadas de la crisis y la situación europea, también por la necesidad de separar lo más posible el batacazo electoral en las autonómicas y locales del 22 de mayo de las generales.
Otra clave que les aconseja agotar el mandato es no ofrecer al PP la imagen de una derrota por anticipado en la que este partido trabaja desde que el 12 de mayo de 2010 votó en contra del plan de ajuste que el Gobierno decidió para evitar la intervención europea en España.
El pasado miércoles, el PP, igual que hace un año, reactivó la misma estrategia al comprobar que CiU y PNV se predisponían a votar en contra de la reforma de la negociación colectiva, con la complicidad de la CEOE. La clave para que el Gobierno logre su objetivo estará en si mantiene los apoyos de los nacionalistas. El siguiente reto es el techo de gasto, el preámbulo de los Presupuestos. Rubalcaba aseguró el viernes, cuando se aprobó en Consejo de Ministros, que el Gobierno contaba con apoyos suficientes entre las fuerzas parlamentarias. Precisamente en la fijación del techo de gasto, Rubalcaba ha introducido un guiño potente a autonomías y municipios al dotarlos de 10.200 millones para aliviar su asfixia financiera, gesto con el que pretende enviar el mensaje de la capacidad del Gobierno de agotar la legislatura.
Zapatero también tendrá en cuenta a los indignados del 15-M en su intervención. Consciente de que es un movimiento de izquierdas y surgido por la existencia de cinco millones de parados, tratará de hacer pedagogía y explicar las decisiones del Gobierno frente a la crisis, algunas desconocidas, como las medidas de control político sobre los bancos o el cobro por el Estado de 3.300 millones a estas entidades a cuenta de los intereses de los préstamos.
El presidente del Gobierno tratará de ofrecer un relato político coherente de su apuesta por las reformas, impopulares a corto plazo, y cuyos resultados tardarán en verse. A la par, reprochará al PP su falta de colaboración en un momento crítico para España. Zapatero pretende no aplicar nuevos recortes, aunque eso dependerá finalmente de que se controle el contagio de la crisis griega y, sobre todo, de que se cumplan los compromisos de reducción del déficit.
EL PAIS